El diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, anunció que presentará a fines de marzo un proyecto de ley considerado “antiamarres”, iniciativa que busca permitir que un nuevo Gobierno pueda despedir funcionarios públicos sin expresión de causa durante los primeros meses de su gestión.
Según explicó el parlamentario, la propuesta apunta a otorgar herramientas a la próxima administración para reducir la dotación del aparato estatal y enfrentar —a su juicio— el actual escenario fiscal.
“Vamos a presentar un proyecto de ley que esperamos que sea patrocinado por el próximo Gobierno, que le va a permitir despedir sin expresión de causa a personal del Estado durante los primeros seis meses de su gestión o durante los primeros seis meses a partir de la aprobación del proyecto”, afirmó.
De acuerdo con Kaiser, la iniciativa sería ingresada al Congreso durante la última semana de marzo. El legislador añadió que, por ahora, no ha sido discutida formalmente con otras fuerzas políticas, aunque aseguró que existe conciencia transversal respecto de la situación fiscal del país.
“Partimos de la premisa de que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas que van a apoyar al Gobierno están conscientes de la situación fiscal y de la necesidad de hacer un reordenamiento administrativo del fisco”, sostuvo.
Críticas al tamaño del aparato estatal
El diputado argumentó que el crecimiento del empleo público en la última década ha generado presiones sobre las finanzas del Estado.
“Hace diez o doce años, en Chile había 500 mil empleados públicos. Hoy hay un millón y, en promedio, ganan entre 30% y 40% más que cargos equivalentes en el sector privado”, aseguró.
En esa línea, acusó que existirían cargos duplicados o triplicados en distintas reparticiones, lo que —según planteó— impide destinar mayores recursos a servicios para la ciudadanía.
“Queremos que la nueva administración tenga la posibilidad de hacer un recorte de personal importante que permita traspasar esas platas de personal a servicios para las personas”, agregó.
Caso Conaf y nuevo servicio de Biodiversidad
Consultado por los denominados “amarres” en la administración pública, Kaiser también se refirió al reciente traspaso de funcionarios desde la Corporación Nacional Forestal hacia el nuevo servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, donde —según reportes— al menos 37 trabajadores habrían visto aumentados sus grados.
Ante ello, el parlamentario sostuvo que situaciones como esa deberán ser revisadas por la próxima administración.
“Todo esto tiene que ser depurado por el próximo Gobierno. Hay un exceso de personal no esencial en prácticamente todas las reparticiones públicas”, indicó.
El diputado ilustró su crítica con un ejemplo de la administración pública regional: “Me acuerdo que cuando estaba haciendo campaña, la Seremi de Salud de La Araucanía tenía ocho periodistas”, señaló.
Posibles cambios a incentivos por gestión
Respecto a eventuales recortes de asignaciones o beneficios de los funcionarios públicos, Kaiser afirmó que se trataría de materias que podrían resolverse a nivel administrativo por el futuro Gobierno, sin necesariamente requerir una ley.
No obstante, planteó que sería pertinente revisar los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG), que contemplan incentivos económicos asociados al cumplimiento de metas institucionales.
“Estoy de acuerdo con que haya premios por gestión, por ejemplo en salud si se reducen las listas de espera. Pero no puede haber premios por gestión porque regaste las plantas de la oficina”, afirmó.
En ese contexto, el legislador concluyó que el objetivo del proyecto es permitir que el Estado reduzca su tamaño para evitar un eventual deterioro de las finanzas públicas y asegurar recursos para prestaciones básicas.
Identificación de funcionarios
Consultado sobre si se implementaría alguna medida para identificar a los funcionarios que podrían verse afectados por esta eventual facultad de despido, Kaiser señaló que el proyecto busca entregar una herramienta temporal a la próxima administración para reorganizar el aparato estatal.
“Con esto lo que vamos a hacer es permitirle a la nueva administración y también al sistema político, sacar uno de los últimos candados que dejó el general Pinochet, que era el estatuto administrativo, pero por un período de tiempo, no de manera permanente, para poder reordenar las filas del Estado”, afirmó.
El diputado añadió que mecanismos similares existen en otros países donde los gobiernos entrantes cuentan con mayores facultades para reorganizar sus equipos.
“No es algo novedoso, porque existen otros países donde también existe servicio civil y donde el nuevo Gobierno puede entrar y hacer cambios y despedir personal que considera innecesario”, sostuvo.
En esa línea, indicó que la eventual medida debería enfocarse principalmente en cargos administrativos, descartando que se afecte a personal considerado esencial.
“Yo espero, por supuesto, que no se toque al personal de tipo vital, es decir, personal de salud, enfermeras, médicos. Ese tipo de cosas no tiene ningún sentido tocarlo. Pero a nivel administrativo creo que está sobrando mucha gente”, concluyó.
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