Gabriel Massuh Isaías llegó a Chile desde Ecuador a comienzos de los noventa con una maleta y una idea: vender fruta. Tres décadas después, controla la mayor parte del plátano que se consume en el país, posee autos de lujo de marcas como Bentley y McLaren, y habita una propiedad en Lo Barnechea avaluada en más de $1.200 millones. Sin embargo, en paralelo a su éxito comercial, acumuló una larga y compleja historia con el Servicio de Impuestos Internos (SII), que lo acusó de construir parte de su fortuna sobre una maquinaria de facturas falsas.
Pese a la gravedad de los cargos, el empresario conocido en el rubro como el “Rey del Plátano” logró lo que pocos consiguen frente a una imputación de esa envergadura: cerrar el caso sin una condena penal y pagando apenas una fracción de lo que el fisco le reclamaba originalmente.
El acuerdo en cuotas
El pasado 18 de mayo, en una audiencia ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, el juez Claudio Andrés Ortega Loyola aprobó una suspensión condicional del procedimiento en favor de Massuh Isaías. La condición central del beneficio consiste en pagar $104.419.516 en diez cuotas mensuales e iguales, las cuales deberá depositar los primeros cinco días de cada mes directamente en la Tesorería General de la República.
El plazo de la suspensión se fijó en un año. Si cumple con los pagos, el caso penal se borrará para siempre. En la misma instancia, el tribunal levantó la medida cautelar de arraigo nacional que pesaba en su contra.
La acusación original
Para dimensionar el alcance del beneficio judicial, es necesario retroceder a agosto de 2019, cuando el SII presentó la querella criminal. En ese momento, el organismo fiscalizador calculó el perjuicio fiscal en un valor histórico de $2.395 millones, cifra que actualizada al momento de la acusación escalaba a los $2.712.724.395. El propio SII comparó la gravedad del mecanismo con el fraude del caso Penta, un hito que fue revelado por la Unidad de Investigación en abril de 2020.
La indagatoria original detectó irregularidades en 562 facturas presuntamente falsas y 484 operaciones sin respaldo en tres firmas vinculadas a Massuh: Comercializadora de Frutas Central S.A. (ex Bagno S.A.), Inversiones e Inmobiliaria IFI S.A. y Transportes Bagno S.A. El esquema consistía en aumentar artificialmente el crédito fiscal del IVA mediante el registro de compras inexistentes, rebajando así la base imponible. Más grave aún, el SII acusó una “autofacilitación”: las propias empresas de Massuh se emitían facturas falsas entre sí.
El drástico tijeretazo de la Fiscalía
La formalización de la investigación ocurrió recién el 23 de abril de 2026, casi siete años después de la querella. Sin embargo, la imputación del Ministerio Público llegó drásticamente acotada respecto a la denuncia original.
La Fiscalía formalizó a Massuh por el uso de apenas 26 facturas ideológicamente falsas provenientes de cinco supuestos proveedores (períodos 2015 y 2016), fijando el IVA evadido en un valor histórico de $133.284.241. Los hechos se calificaron como delito tributario reiterado y consumado en calidad de autor. Las razones jurídicas de por qué la causa pasó de 562 facturas a solo 26, y de $2.700 millones a $133 millones, no quedaron plasmadas en las actas judiciales públicas.
El abogado de Masssuh, Ricardo Freire, indicó a la Radio que “es importante señalar que luego de que el Servicio Impuesto Internos presentara una querella imputando un fraude por 2.700 millones de pesos, tanto un peritaje privado que encargamos como el de la PDI determinaron que existen temas relacionados con facturas a aclarar por un poco más de 100 millones de pesos. Pero estos 100 millones de pesos obedecen a su vez a facturas que ciertos proveedores de BAC no anularon, lo que no significa entonces que haya un actuar fraudulento de parte de la empresa, ni que las operaciones comerciales no hayan existido. Sin embargo, dado los años transcurridos, el tiempo y desgaste que esto significa, mi representado prefirió llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptar una suspensión condicional del procedimento, lo que a su vez no implica una misión de responsabilidad en absoluto, sino sólo un acuerdo para terminar con este proceso”.
La explicación del SII: El peritaje de la PDI
Consultados por Radio Bío Bío respecto a las razones para visar este opaco acuerdo y aceptar una multa ostensiblemente menor, desde la dirección del Servicio de Impuestos Internos apuntaron a las dificultades probatorias del caso.
El organismo argumentó que, si bien su recopilación de antecedentes detectó inicialmente el esquema de facturación cruzada entre las sociedades por más de 500 documentos, la indagatoria penal cambió de rumbo tras un análisis especializado de la policía civil.
“Producto de un informe pericial evacuado por la PDI, se pudo establecer irrefutablemente la falsedad de 26 facturas, con un perjuicio fiscal asociado de 208 millones de pesos (valor actualizado)”, explicaron desde el SII.
Según el servicio, esa cifra representa apenas el 5% del total de las facturas impugnadas originalmente y un 10% del perjuicio estimado al inicio. Bajo esa premisa técnica, el organismo justificó su asimilación al acuerdo: “El Tribunal de Garantía determinó la sujeción del imputado al cumplimiento de condiciones por un año y el pago de una multa de 104 millones de pesos, equivalente al 50% de lo acreditado en las 26 facturas falsas”, concluyeron.
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