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Una nueva polémica sacude a la Subsecretaría de Seguridad Pública luego de que se denunciara la existencia de un presunto “amarre” en la repartición pública que fue creada precisamente durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric.
Según reveló El Mercurio, dos exjefes de división habrían ganado concursos públicos para acceder a cargos de planta desde febrero, situación que encendió alertas en la oposición y reabrió el debate por eventuales contrataciones de última hora en la recta final del actual gobierno.
Desde la Subsecretaría, que hoy dirige Rafael Collao, apuntaron a que las incorporaciones se ajustaron a la normativa vigente. Aseguraron que se trató de concursos públicos y abiertos, enmarcados en el Estatuto Administrativo y en las reglas que fijan las plantas del ministerio, descartando cualquier irregularidad en el procedimiento.
Pero las críticas no se hicieron esperar. El diputado UDI Felipe Donoso sostuvo que el Ejecutivo abandonó su discurso contra el “pituto” y que, a su juicio, hoy estaría asegurando puestos para cercanos antes de dejar el poder.
Cuestionó directamente al Presidente y planteó que el Gobierno estaría usando sus últimos días para favorecer a los propios.
En la misma línea, el republicano Agustín Romero afirmó que esto ya no sería un caso aislado, sino una práctica que se estaría repitiendo en distintas reparticiones.
A su juicio, más allá de que los procesos puedan cumplir formalmente la ley, la señal política sería equivocada en un contexto donde —según dijo— la prioridad debiera estar en seguridad y no en asegurar cargos.
Tras estas denuncias, se instaló el debate respecto de la posibilidad real de revertir estos nombramientos y los márgenes legales que tendría una nueva administración para hacerlo.
Al respecto, el abogado administrativo Gustavo Alarcón explicó que cualquier gobierno entrante enfrenta límites al momento de desvincular funcionarios, especialmente cuando se trata de contratas con años de permanencia, quienes incluso pueden invocar ante tribunales el principio de confianza legítima.
A su juicio, más que anular casos puntuales, lo que se requiere es una reforma al Estatuto Administrativo que regule con claridad estos derechos y evite que la discusión se repita cada cambio de gobierno.
En ese sentido, diputados de oposición anunciaron que ya solicitaron fiscalizaciones formales a la Contraloría y a la futura administración para revisar estos nombramientos.
