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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Telefónica ha solicitado a la Justicia de EE.UU. que Colombia pague más de US$500 millones por un laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. La empresa española ganó un arbitraje en 2024 por US$379,8 millones más intereses, tras acusar a Colombia de no brindar un trato justo a sus inversiones en Colombia Telecomunicaciones.

Telefónica ha solicitado ante la Justicia estadounidense la ejecución del laudo de más de US$500 millones que le adeuda el Estado colombiano a raíz de un contencioso iniciado en 1994.

La ‘teleco’ tomó la decisión el pasado 2 de junio para obligar a Colombia a cumplir con el fallo del comité ‘ad hoc’ del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que desestimó el recurso con el que el país pretendía suspender dicho desembolso.

Aquel fallo se basó en una omisión técnica, dado que el Estado no presentó una garantía financiera que respaldara el pago en caso de que el recurso de nulidad no prosperara. De acuerdo con las reglas del procedimiento, Colombia debía constituir una póliza dentro de un plazo de 30 días.

Telefónica versus el Estado de Colombia

Telefónica ya ganó en noviembre de 2024 el arbitraje de US$379,8 millones más intereses compuestos del 5% por concepto de compensación. Así, Colombia deberá pagar la cuantía principal, los intereses y las costas judiciales.

En concreto, el tribunal arbitral internacional se constituyó en 2018 con un panel de tres miembros a raíz de que Telefónica iniciase el procedimiento de mediación contra Colombia.

La multinacional española consideró que la nación sudamericana “incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones” realizadas en su país.

En dicho arbitraje, Telefónica reclamó los daños ocasionados por una serie de medidas del Estado colombiano que afectaron a las inversiones de la firma española en su empresa afiliada Colombia Telecomunicaciones.

La disputa surgió de la aplicación por parte del Estado de diversas acciones para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia. En consecuencia, Telefónica se vio forzada a abonar US$379,8 millones en 2017.