El Departamento del Tesoro de EEUU anunció este jueves fuertes sanciones económicas contra la cúpula política de Cuba, entre ellos el propio presidente del país latinoamericano, Miguel Díaz-Canel.
Al mandatario se suma el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y el nieto del exmandatario, Raúl Alejandro Castro Calis.
El Tesoro incluyó también en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz‑Canel, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente, que reside en Madrid.
La Administración de Donald Trump impuso además sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una red de comités de barrio creada para articular el apoyo popular a la revolución comunista.
El listado de entidades sancionadas se completa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.
Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Esta ronda de sanciones forma parte de la estrategia de presión que el Gobierno de Trump ejerce sobre Cuba para forzar cambios económicos y políticos en la isla.
Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, en un ataque militar estadounidense en Venezuela, Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba que ha agravado su crisis económica y ha amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” de la isla.
El Departamento de Justicia presentó además el mes pasado una acusación contra Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.
En este contexto, Washington y La Habana han mantenido negociaciones discretas en las que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, uno de los nietos de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”, habría ejercido como uno de los interlocutores cubanos.
El Gobierno de Cuba insiste en que cualquier cambio en el país debe ser decidido por el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar contra la isla.