Cuando pagar dejó de ser lo habitual: la década crítica del CAE

Antes de decidir qué hacer con el CAE, conviene mirar algo más básico: cómo se están comportando quienes ya le deben al sistema. En la discusión pública abundan las consignas sobre condonar, reemplazar o cobrar mejor, pero pocas veces se parte por el dato más concreto: la situación de pago de los deudores, registrada cada año. Esa trayectoria muestra cómo respondió realmente el sistema cuando sus beneficiarios entraron a situación de pago al egresar o desertar.

En 2015, seis de cada diez deudores activos estaban al día y apenas un 15% tenía su garantía ejecutada por no pago. Diez años después, solo el 31% está al día y el 58% ya tiene la garantía ejecutada. El CAE pasó de tener una mayoría de beneficiarios cumpliendo regularmente, con una alta tasa de morosidad, pero aceptable relativamente, a una mayoría con garantía ejecutada.

Y no se trata solo de quienes abandonaron sus estudios: incluso esto ocurre entre los egresados, los que estaban al día cayeron de 70% a 35% y los con garantía ejecutada subieron de 9% a 52%. Terminar la carrera tampoco está asegurando, en la práctica, una trayectoria regular de pago.

Este deterioro no ocurre en el vacío. El sistema estuvo acompañado por circunstancias que fueron preparando el terreno para el comportamiento que vemos hoy. Una de ellas es la idea de condonar el CAE, presente desde hace más de una década en la discusión pública: apareció con fuerza tras la movilización estudiantil de 2012, tomó forma en proyectos del Ejecutivo hacia 2020, se convirtió en promesa presidencial en 2022 y llegó en 2025 a través del proyecto FES.

A ese clima se sumaron la pandemia, que golpeó empleos e ingresos, y la Ley Chao Dicom, que redujo el costo comercial de no pagar. La conducta de pago empezó a cambiar con más fuerza justamente en esos años. Mientras el perdón de la deuda pasó de ser una idea lejana a una posibilidad concreta, el cumplimiento se fue debilitando.

Lo que viene después confirma que el fenómeno está lejos de detenerse. Las generaciones de deudores más nuevas muestran problemas desde el primer momento, incluso antes de que se les ejecute la garantía como se observa en los siguientes datos.

La cohorte que entró a pagar en 2025 todavía tiene una garantía ejecutada baja, apenas 11%, simplemente porque lleva poco tiempo en el sistema. Pero ya registra un 44% en mora de tres o más cuotas, que es la antesala directa de la ejecución. La cohorte 2024, con apenas uno o dos años de trayectoria, ya tiene a más de la mitad de sus deudores con garantía ejecutada (52%). Lo que en generaciones anteriores podía tardar años en ocurrir, en las nuevas aparece casi desde la entrada al sistema de cobro.

El indicador más revelador en esa línea es la proporción de egresados que nunca estuvo al día durante toda su trayectoria observada. En las cohortes que entraron a pagar hacia 2018, ese grupo rondaba el 20%. En las de 2023, 2024 y 2025 subió a 49%, 53% y 58%. Las generaciones recientes no se deterioraron después de años de deuda: muchas entraron al sistema de cobro ya incumpliendo. La situación no solo empeoró; cambió de naturaleza.

Hemos observado que el incumplimiento depende fuertemente de dónde se estudió. Los egresados de universidades del CRUCH incumplen bastante menos que quienes provienen de institutos profesionales, centros de formación técnica o universidades privadas fuera del CRUCH, y esa brecha se mantiene en las distintas generaciones de deudores. Detrás probablemente están la empleabilidad, los ingresos y la pertinencia de las carreras financiadas. La trayectoria de pago, en buena parte, refleja lo que el sistema financió.

Por otro lado, hay señales que la capacidad de pago no explica del todo. La proporción de quienes nunca estuvieron al día es relativamente pareja entre quintiles de ingreso, e incluso algo mayor en el quintil más alto. Además, el salto de las cohortes en la última década coincide con los años en que el destino del CAE se volvió una incógnita permanente. Cuando las reglas dejan de ser creíbles, una parte de las personas ajusta su comportamiento. Capacidad y expectativas conviven detrás del no pago.

¿Y qué significa todo esto para el sistema?

Primero, que el CAE dejó de funcionar como prometía. Un crédito donde la situación dominante es la garantía ejecutada se parece cada vez menos a un sistema de crédito sostenible y cada vez más a un costo que termina absorbiendo el Estado y, según el caso, también las IES. El costo no desapareció; cambió de manos.

Segundo, que la conducta de pago era un termómetro que el sistema dejó de mirar: la fiebre venía subiendo cohorte tras cohorte, y las generaciones que entraron incumpliendo eran una alerta visible mucho antes de que el problema estallara en la agenda pública.

Tercero, que el comportamiento de los deudores es, en el fondo, un veredicto sobre el diseño del sistema. Cuando tanta gente, incluidos quienes egresaron, no puede o no quiere pagar, el problema dejó de ser solo de las personas y pasó a ser del sistema que las puso en esa situación.

Por eso, antes de seguir discutiendo el futuro del CAE, hay que mirar lo que sus propios datos ya muestran. Los deudores están respondiendo a sus ingresos, a lo que estudiaron y a las señales que recibieron. Si esas señales se ignoran, el problema está lejos de resolverse.

Víctor Salas Opazo
Departamento Economía, USACH

Anderson Huamán Palacios
OPPES-USACH