La candidata a decana María Inés Horvitz activó una cadena de correos tras condenar la agresión contra la diputada Javiera Rodríguez. Académicos de distintas sensibilidades coincidieron en rechazar la violencia, las “funas” y la cancelación como forma de debate. El intercambio evidenció el grave problema que afecta a los centros universitarios respecto a la libertad de expresión y el pluralismo dentro de las facultades.
Hay episodios que desbordan el hecho puntual y dejan al descubierto tensiones más profundas. Eso fue lo que ocurrió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile tras la agresión sufrida por la diputada Javiera Rodríguez (Republicana) quien fue increpada con escupos y empujones al interior de la escuela.
Lo que inicialmente fue un hecho de violencia política, registrado públicamente y ampliamente difundido en redes, terminó detonando una discusión interna entre académicos, especialmente con una crítica a cómo las autoridades universitarias han abordado estos casos y las posiciones que se han tomado.
El punto de inflexión fue un correo enviado el 30 de mayo a las 12:06 de la tarde por la profesora y candidata a decana, María Inés Horvitz, que no solo condenó los hechos, sino que instaló un debate sobre los límites del disenso y el rol de la universidad en la formación democrática.
El intercambio, que se extendió por decenas de mensajes entre profesores de distintas generaciones y posiciones ideológicas, derivó en algo poco habitual en el actual clima político. El correo derivó en un consenso transversal en defensa de principios básicos del debate democrático y una crítica soterrada a cómo la Universidad de Chile ha manejado este tema, sin necesariamente decirlo de forma abierta.
La declaración que abrió el debate
El correo de Horvitz marcó el tono de la discusión. En él, la académica no solo rechazó lo ocurrido, sino que lo vinculó directamente con prácticas que, a su juicio, erosionan la convivencia universitaria y la formación jurídica.
“Manifiesto mi más enérgico rechazo a estas formas antidemocráticas de disentimiento (…) es imperioso que en nuestras aulas (…) nunca sea válido recurrir a las ‘funas’, el insulto o la descalificación”, señaló en su mensaje enviado a la comunidad académica.
La candidata a decana fue más allá y advirtió que estas conductas “son malas prácticas que solo evidencian la falta de argumentos”, planteando que una Facultad de Derecho —por su naturaleza— debe sostener el debate en base a ideas y dentro de las reglas del derecho.
El punto no era menor. Horvitz instaló una línea que apunta a la violencia política, incluso cuando proviene de sectores críticos o movilizados, es incompatible con el estándar que debe regir en una institución formadora de juristas.
Las respuestas: un consenso poco habitual
Lo que siguió fue una cadena de respuestas que, lejos de escalar en una disputa ideológica, consolidó una coincidencia transversal.
Académicos como Jorge Ferdman respaldaron el planteamiento inicial, señalando que el episodio obligaba a una revisión interna profunda. “Es para sentirnos tristes y avergonzados (…) qué clase de alumnos podrán formarse en un ambiente así”, respondió en el mismo hilo.
A ese mensaje se sumaron otros profesores, entre ellos Ricardo Camargo, María Teresa Infante y distintos docentes de áreas diversas, quienes coincidieron en que la facultad debía emitir una señal clara frente a este tipo de hechos.
El tono común fue uno: la violencia como mecanismo de acción política no solo es reprochable, sino que compromete el estándar institucional y el rol público de la universidad.
Libertad de expresión y pluralismo en el centro del debate
El intercambio terminó instalando una discusión de fondo: el estado de la libertad de expresión dentro de los espacios universitarios.
Profesores con trayectorias disímiles —desde constitucionalistas hasta internacionalistas— coincidieron en un punto central y es que nadie puede ser impedido de expresar sus ideas por razones ideológicas, menos mediante prácticas de amedrentamiento o coerción.
En ese marco, la agresión a la diputada Rodríguez dejó de ser solo un incidente aislado para convertirse en un síntoma de un problema que están enfrentando las universidades, que pasa por la normalización de la cancelación como herramienta política. Algo que vivieron hace unas semanas las ministra de Ciencias Ximena Lincolao y de Energía Ximena Rincón, en Valdivia y Valparaíso, respectivamente.
El debate también expuso una preocupación compartida por el deterioro del clima deliberativo, en un contexto que la propia Horvitz describió como “polarizado, de ideologías extremas y muchas veces antidemocrático e iliberal”.
Un episodio que trasciende la elección de decano
El intercambio se da en medio del proceso electoral para definir al próximo decano o decana de la Facultad de Derecho. Sin embargo, la discusión terminó desbordando esa contingencia.
Más que una disputa entre candidaturas, los correos dejaron instalado un infante de fondo. De hecho, dentro del set de correos se ambientó habló Renee Riveros, abogada que también sta postulando para ese cargo.
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