La comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto de ley conocido como “Que el trabajo no cueste la vida”.
Dicha iniciativa modifica el Código del Trabajo, la ley 16.744 y la ley 20.393, con el objetivo de reforzar la prevención de riesgos laborales y establecer consecuencias penales y administrativas efectivas frente a incumplimientos graves en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El proyecto, de autoría del diputado Andrés Giordano (FA), establece un marco integral de responsabilidad empresarial, superando un sistema centrado casi exclusivamente en sanciones administrativas y poniendo en el centro a las personas trabajadoras.
Al respecto, Giordano, quien también es presidente de la Comisión de Trabajo, explicó que “este proyecto parte de una idea muy simple: la vida de quienes trabajan no puede seguir siendo tratada como un costo más de la actividad económica”.
“Cuando una empresa incumple gravemente sus deberes de seguridad y eso termina en lesiones graves o en la muerte de una persona, la respuesta del Estado no puede reducirse a multas. Aquí se establece con claridad que las empresas también pueden responder penalmente”, dijo.
El parlamentario agregó que “la iniciativa refuerza la prevención y la fiscalización, fortalece el rol de sindicatos y comités paritarios, asegura indemnizaciones para las familias cuando hay accidentes fatales, termina con la posibilidad de que las empresas principales se ‘laven las manos’ en la subcontratación y endurece las sanciones frente a la reincidencia”.
Contenido central del proyecto
La iniciativa refuerza el rol de los sindicatos en seguridad y salud laboral, garantizando su derecho a denunciar, fiscalizar y proponer mejoras, y sanciona como práctica antisindical, que el empleador impida a los sindicatos entrar a las empresas con el fin de fiscalizar.
Asimismo, fortalece los comités paritarios, asegurando tiempo dentro de la jornada para sus funciones, capacitación anual obligatoria y mecanismos de coordinación en empresas con múltiples faenas.
El proyecto asegura indemnizaciones reforzadas cuando un accidente grave o fatal se produce por culpa, negligencia grave o dolo del empleador, estableciendo que, en caso de fallecimiento, las indemnizaciones laborales se pagarán con un recargo del 200%.
En materia de subcontratación, se establece responsabilidad solidaria de la empresa principal, salvo que demuestre un control efectivo del cumplimiento de las normas de seguridad, y se refuerzan los deberes de información y control.
Finalmente, la iniciativa endurece el régimen sancionatorio, permitiendo duplicar multas cuando se ponga en grave riesgo la vida o la salud, definiendo legalmente los incumplimientos “gravísimos”, habilitando la clausura temporal de faenas en casos de reiteración e incorporando el incumplimiento gravísimo de normas de prevención de riesgos como delito imputable a la persona jurídica conforme a la Ley 20.393.
Con su despacho, el proyecto quedó en condiciones de ser discutido y votado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en las próximas sesiones.
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