Más de $171 millones busca recuperar la Municipalidad de San Esteban en la región de Valparaíso. Esto, luego del veredicto condenatorio dictado en el caso “Limpiafosas”, investigación vinculada a irregularidades en la contratación y ejecución del servicio de extracción de residuos prestado por la empresa de Sociedad de Ingeniería y Transportes SITA Limitada.
Tras cerca de dos semanas de juicio, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes declaró culpable a Pamela Donoso González, representante de la empresa, por fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público falso.
También fue declarado culpable por fraude al Fisco quien se desempeñó como encargado de adquisiciones del municipio y llegó a ejercer como alcalde subrogante durante la administración de René Mardones.
Sobrepago millonario
En contratos realizados entre 2018 y 2021, Contraloría detectó un sobrepago de más de $171 millones, asociado a diferencias en la capacidad informada de los camiones, pagos sin respaldo y cobros duplicados.
El alcalde de San Esteban, Christian Ortega, valoró el resultado judicial y señaló que, además del proceso penal, la administración continuará con el juicio civil para intentar recuperar los recursos. El jefe comunal sostuvo también que mantienen cerca de $70 millones retenidos asociados al contrato desde el año 2021.
“Estamos esperando ya el veredicto, el día 17 donde se va a dar la sentencia ya luego también seguimos con el juicio civil porque lo que finalmente buscamos es que los más de 170 millones de pesos puedan ser restituidos al municipio”, contó.
La recuperación del dinero, sin embargo, constituye una etapa distinta de la determinación de las penas. Consultado sobre los alcances jurídicos del caso, el abogado penalista Ariel Manríquez explicó que el veredicto establece la responsabilidad penal, mientras que existen mecanismos adicionales para perseguir la restitución o reparación del perjuicio económico.
“Estamos hablando de un perjuicio superior a 171 millones de pesos. El municipio como víctima y querellante puede ejercer acciones destinadas a obtener restitución o reparación del daño”, explicó.
“Además de solicitar, cuando jurídicamente corresponda, el comiso de los bienes o las ganancias provenientes del delito. Por eso, una pena penal no debiera ser el punto final”, agregó.
La audiencia de lectura de sentencia quedó programada para el 17 de agosto, instancia en que el tribunal dará a conocer las penas que deberán cumplir los condenados. La investigación y acusación fueron desarrolladas por la Fiscalía Local de Los Andes, mientras que la Municipalidad de San Esteban intervino como querellante a través de su Dirección Jurídica.
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