Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley de la República el proyecto de reajuste del sector público, cerrando así una compleja tramitación legislativa, evitando el paso por comisión mixta y sin la polémica norma de amarre.
La iniciativa enfrentaba cerca de 22 solicitudes de votación separada, aunque finalmente solo se sometieron a votación ocho, luego de que el Partido Republicano retirara la mayoría de sus requerimientos, lo que allanó el camino para su aprobación definitiva.
Con ello, el reajuste quedó fijado en un 3,4% total, con un costo aproximado de 1.700 millones de dólares. El incremento será escalonado: un 2% a contar del 1 de diciembre de 2025 y un segundo reajuste de 1,4% desde el 1 de junio de 2026.
Uno de los puntos más controversiales del proyecto —la llamada “confianza legítima”, conocida también como “norma de amarre”— quedó finalmente fuera de la ley. Según se explicó en el debate, esta materia no contaba con respaldo en ninguna de las dos cámaras, por lo que el Ejecutivo no logró instalarla en la legislación.
De esta forma, se desecharon las disposiciones vinculadas a estabilidad laboral y a las condiciones para justificar el despido de funcionarios a contrata con cinco años de antigüedad, uno de los principales reclamos de las organizaciones de trabajadores del sector público, que han calificado este resultado como un “fracaso” en esa materia.
Indicación de la UDI genera cuestionamientos
Pese a que el proyecto se centra en el reajuste salarial, una indicación presentada por la UDI —originada en el Senado— terminó incorporándose al texto legal, generando críticas desde el oficialismo.
Dicha norma modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional y eleva el quorum necesario para hacer una reclamación en la mesa de la Cámara de Diputados cuando un proyecto es declarado inadmisible.
La indicación fue aprobada con 80 votos, superando los 76 necesarios, y contó incluso con apoyos de la Democracia Cristiana.
En el Congreso se ha interpretado que esta modificación tendría un efecto estratégico en el funcionamiento legislativo y que, en la práctica, beneficia a los gobiernos de turno, al limitar las opciones de la oposición frente a mesas de eventual mayoría oficialista.
Incluso, se ha planteado que la norma podría favorecer a una futura administración encabezada por José Antonio Kast, tesis que ha alimentado la controversia política en torno a su inclusión en un proyecto de reajuste salarial.
Con este despacho, el Gobierno cumple el acuerdo alcanzado con la mesa del sector público en materia de reajuste, evitando una comisión mixta y cerrando el trámite legislativo.
No obstante, la exclusión de la “norma de amarre” y la incorporación de una disposición ajena al reajuste salarial dejan un balance mixto, tanto para los funcionarios públicos como para el debate político, en un proyecto que ahora quedó en condiciones de convertirse en ley de la República.
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