Entra en vigencia la nueva Ley de Seguridad Privada: empresas advierten posibles "cuellos de botella"

El Gobierno dio inicio formal a la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, la cual refine por completo el sistema regulatorio del sector, poniendo en manos de la Subsecretaría de Prevención del delito el rol regulador y autorizador de empresas y personas dedicadas al rubro de la seguridad.

La normativa obliga a certificar empresas, guardias y vigilantes, además de elaborar planes de seguridad según perfiles de riesgo, y establece nuevas obligaciones de denuncia y estándares laborales, incluidos seguros y medios defensivos.

Respecto a eventos masivos de más de 3.000 asistentes, se imponen requisitos estrictos para organizadores y recintos.

Para todo lo anterior, hay un plazo de adecuación de seis meses, y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que no habrá prórrogas: quienes no se adapten deberán hacerlo obligatoriamente.

Advertencias desde el sector privado

Cristian González, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, sostuvo que el principal desafío será la implementación y advirtió posibles “cuellos de botella“, por lo que pidió fortalecer la infraestructura para el proceso.

“Lo que más nos afecta es la acreditación, que hoy día nos tenemos que acreditar directamente en la Subsecretaría de Prevención del Delito”, apuntó.

En tanto, Juan Nicolossi, experto en seguridad y profesor de la Universidad de Los Andes, sostuvo que el gran problema se podría generar en materia de presupuesto, con la llegada de un nuevo Gobierno.

“La subsecretaría no cuenta con un presupuesto acorde para cumplir con esta función“, acotó.

Así las cosas, cerca de 500 mil personas, entre vigilantes, guardias, jefes de seguridad, porteros, rondines, operadores de cámaras y asesores, además de variadas empresas de seguridad, deberán cumplir estas exigencias dentro del plazo de adecuación de seis meses, el cual ya está en marcha.