Congreso define criterios iniciales para sumarios por mal uso de licencias médicas

Los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, junto a los secretarios generales de ambas cámaras, se reunieron este martes para definir criterios en los sumarios del Caso Licencias Médicas.

El encuentro se dio la misma jornada en que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) entregó antecedentes solicitados por el Senado sobre posibles salidas fuera del país de funcionarios y trabajadores.

En tanto, en la Cámara de Diputados, esta información aún no está contenida en el sumario en curso.

Congreso define criterios en sumarios por Caso Licencias

Radio Bío Bío recogió que el análisis de datos se mantiene en extrema reserva, pero en el diálogo se consensuó el cumplimiento de plazos legales -equivalentes a 30 días laborales- y que se busque que las sanciones sean aplicadas con el criterio más apegado a la ley.

En la Cámara Baja, específicamente, se tomaron los casos con una antigüedad de hasta cuatro años, los que serán revisados por Reinaldo Núñez, fiscal de la corporación.

Cabe mencionar que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional tienen estatutos distintos.

En una improvisada declaración a los medios en el cuarto piso de la Cámara, el presidente de la corporación, José Miguel Castro, explicó que el Congreso, con sus tres estatutos, debe buscar seguir con el mismo procedimiento.

En medio del sumario ya iniciado por el eventual mal uso de licencias médicas, Dimitri Morales, asesor parlamentario y presidente de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios, exigió que se aclare la calidad jurídica de quienes apoyan a los parlamentarios para ser fiscalizados.

En paralelo a este encuentro, los presidentes de las dos asociaciones de trabajadores de la Cámara Baja arremetieron contra la corporación con una serie de exigencias y denuncias.

En detalle, solicitaron un informe sobre el gasto de recursos fiscales para pagar las denuncias que se han presentado por maltrato o acoso laboral cometidos por diputadas y diputados, incluyendo los costos de las indagatorias de fiscalía interna.

Asimismo, hicieron pública una denuncia contra el diputado Miguel Ángel Becker (RN), acusado de afectar la integridad física y psíquica de un trabajador.