Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, se defendió de críticas por licencias médicas fraudulentas, alegando falta de facultades para activar convenio con PDI. Ante comisión de Salud del Senado, no asumió responsabilidad política y explicó limitaciones para fiscalizar. Parlamentarios no quedaron conformes y proponen modificar estatuto de funcionarios públicos.
La superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, se defendió de las críticas ante el escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas, asegurando que desde la Suseso no tenían las facultades para activar el convenio con la PDI, y así recibir la información a la que tuvo acceso Contraloría para revelar el caso.
Frente a la comisión de Salud del Senado, la autoridad fue interpelada para que asumiera alguna responsabilidad política por los hechos. Situación que no ocurrió, ya que se limitó -principalmente- a detallar las facultades que tiene el organismo para fiscalizar a las instituciones que intervienen en la emisión de licencias.
En concreto, a Gana se le citó para explicar por qué no se activó el convenio de colaboración entre la superintendencia y la PDI suscrito el año 2014, que buscaba identificar oportunamente a los funcionarios públicos que viajaran al extranjero estando con licencia.
Al respecto, descartó que este fuera posible, explicando que el acuerdo con la policía estaba sujeta a la voluntad de las partes, los alcances técnicos y facultades legales, las que no tenían a la hora de solicitar información.
Reacción de parlamentarios a la presentación de Gana
La explicación de Gana no dejó conforme a los parlamentarios. Así, la senadora Independiente del PPD, Ximena Órdenes, la emplazó a poner el foco en las unidades de control de los municipios.
En tanto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, planteó la idea de modificar el estatuto administrativo de los funcionarios públicos, para incorporar el mal uso de certificados médicos como causal de destitución.
Ante ello, el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la instancia, Iván Flores, adelantó que ya trabajan en la modificación legal para que esta iniciativa sea aprobada sin pasar por el Ejecutivo.
El detalle de lo expuesto desde la Suseso
En su exposición, la superintendenta Gana detalló que anualmente se cursan 8 millones de licencias médicas en Chile, donde 126 mil incluyen reclamos ante Suseso. Según el desglose son 670 mil al mes y 33 mil diarias, lo que refleja el volumen a fiscalizar.
En ese contexto, además, reveló que detectaron a 556 médicos emitiendo licencias médicas desde el extranjero, lo que hoy no está prohibido gracias a la telemedicina. Eso sí, de ese total, 127 profesionales fueron inhabilitados temporalmente del sistema, ya que se pesquisó el uso inusual de los documentos.
A esto se agrega que lograron detectar a 309 médicos que emitieron más de mil 600 licencias en un año, o sea esos profesionales acumulaban el 8,4% del total de estos permisos por problemas de salud.
Finalmente, Suseso afirmó que han mejorado los resultados de las fiscalizaciones, lo que se refleja en el paso de 21% de sancionados el 2022 al 81% este año 2025.
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