La fundación ligada a la derecha y representada por el abogado republicano, Raymundo Palamara, Fundación Fuerza Ciudadana, presentó una denuncia en contra de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, por haber pedido explicaciones a la Fiscalía ante la solicitud de un “pinchazo” al celular del presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación por el caso ProCultura.
Recordemos que, en el contexto de la investigación del Caso Convenios, el organismo persecutor ordenó intervenir el teléfono del exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, la cual fue autorizada.
Sin embargo, la diligencia hacia el Mandatario no fue autorizada por el Juzgado de Garantía por no existir suficientes antecedentes, más allá de su amistad con uno de los investigados, el psiquiatra y representante de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín.
Esto último no ha sido confirmado ni tampoco descartado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien ha evitado referirse a este punto.
Prescindencia
En concreto, en la denuncia presentada por Palamara en la Contraloría General de la República, se pide un pronunciamiento jurídico y eventual denuncia por infracción al principio de probidad administrativa y deber de prescindencia respecto del actuar de un organismo autónomo (Ministerio Público).
A juicio de la fundación, la ministra Lobos requirió mediante medios de prensa, particularmente en Radio Infinita, al Ministerio Público que dé explicaciones respecto a su actuar en una causa investigativa a cargo del ente persecutor, señalando lo siguiente: ‘El martes, la secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, dijo a Radio Infinita que “el estándar es mucho más alto” en el caso de una pesquisa de este tipo al Presidente, y que “puede involucrar la seguridad nacional”.
Agregó también que “la Fiscalía tendrá que dar explicaciones” por la divulgación del antecedente.
Denuncia contra ministra de la Segpres
Según la fundación, en su cargo como secretaria de Estado, “infringió los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, a juicio de esta Fundación y además constituye una grave infracción al principio de probidad administrativa y al deber de prescindencia política (…)”.
Por ende, se le solicita a la Contraloría que se pronuncie sobre si un Ministro de Estado, particularmente la ministra señalada, actuó con sus declaraciones dentro de sus competencias. También que se tenga por interpuesta denuncia en caso que en virtud de este órgano contralor estime que no actuó conforme a derecho la ministra señalada. Por último, que se oficie a la Cámara de Diputados, en caso que se considere que ha vulnerado la Constitución o las leyes.
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