Crueldad con timbre bancario

Cuando el banco del pueblo remata a escondidas la casa del pueblo, esto ya no es cobranza. Es otra cosa, y exijo que la investiguen.

Un hombre de 55 años, del sector Aguas Buenas, en Puerto Octay, debía unos tres millones cien mil pesos a BancoEstado por un crédito de consumo. Dejó de pagar porque se enfermó y perdió el trabajo. Tenía media hectárea con su casa, donde vivió toda la vida, avaluada entre setenta y ochenta millones. El 3 de septiembre de 2026 se la remataron en cerca de once millones y medio. Se enteró cuando dos desconocidos llegaron a decirle que su tierra tenía otro dueño.

Como senador, no voy a mirar para el lado. Ese hombre no supo de la demanda, ni del embargo, ni del remate. Lo notificaron por avisos en un diario electrónico local y en el Diario Oficial, que también es electrónico, dos lugares donde un hombre de campo, enfermo y sin trabajo no va a leer nunca.

El banco habría sostenido que fue requerido de pago «a viva voz» en el tribunal, a más de cien kilómetros de su casa. Lo llamaron a gritos en un lugar donde no estaba, para que respondiera por una deuda que no sabía que estaba en juicio.

Y el banco sabía dónde vivía. Al darle el crédito registró su dirección, su teléfono y su correo, y conoce muy bien la propiedad que después embargó. Tenía los datos y los guardó en el cajón. La notificación por avisos es el último recurso para quien no puede ser encontrado. Aquí se usó para que no pudiera ser encontrado a tiempo.

Esto no es un caso aislado. Solo en una semana me han llegado veinte casos de mi región, y todos comparten un denominador común: los mismos compradores en los remates. Veinte familias en siete días, y esas son las que se atrevieron a golpear la puerta de un senador.

En Osorno hay una causa de BancoEstado contra un pequeño empresario y su aval, en el Segundo Juzgado de Letras, año 2023. El banco nunca pidió notificar en la casa que después embargó, inscrita a nombre del deudor desde 2017. El tribunal rechazó una primera vez los avisos por no cumplir la ley.

El juez ordenó dos veces publicar en el diario impreso de mayor circulación, y las dos veces el banco consiguió que se cambiara por uno digital. El requerimiento de pago figura con fecha de un sábado, y el acta que aparece en el expediente pertenece a otra causa. El remate está fijado para el lunes 9 de noviembre.

Cuando una acta pertenece a otra causa, ya no hablamos de un error de trámite. Cuando el mismo patrón se repite en causas distintas y los mismos compradores aparecen en los remates, ya no hablamos de coincidencias. Hablamos de un mecanismo, y los mecanismos tienen diseñadores, operadores y beneficiarios.

Por eso exijo cuatro cosas.

Primero, que la Fiscalía abra una investigación de oficio y establezca qué delitos corresponden. Las alternativas son conocidas: estafa, por el engaño a un tribunal para obtener una resolución que despoja a un tercero; falsedad en instrumento público, si se acredita que se certificaron diligencias que no ocurrieron o que se agregaron actas de otra causa; y el uso de información reservada del cliente para el perjuicio del propio cliente.

Que sea el Ministerio Público quien califique, pero que lo haga mirando el conjunto de causas y no cada expediente por separado. Y que investigue además si hubo concierto entre quienes compraron en estos remates, porque cuando los mismos nombres ganan siempre a precio de liquidación, la sospecha de colusión deja de ser una opinión y pasa a ser una tarea pendiente, también para la Fiscalía Nacional Económica.

Segundo, que se identifique a los responsables con nombre y apellido: quién decidió la estrategia de cobranza, quién instruyó pedir los avisos sin búsquedas reales, quién eligió los abogados y los receptores, quién se benefició.

Una empresa del Estado responde penalmente por los delitos que sus dueños, gerentes y ejecutivos cometan en su beneficio, y quienes ejercen cargos en empresas públicas creadas por ley son, para efectos penales, empleados públicos. Aquí nadie puede esconderse detrás del logo.

Tercero, que el banco se haga cargo. Que pida él mismo la nulidad de todo lo obrado, que deje sin efecto los remates viciados, que restituya las propiedades y que repare el daño causado a cada familia, con lo que perdieron y con lo que sufrieron.

La Corte de Valdivia ya anuló una notificación por avisos porque el banco no buscó al deudor en el domicilio de su propia escritura. Si los tribunales lo dicen, el banco no tiene que esperar a que se lo ordenen caso por caso.

Cuarto, que se revisen todas las causas con este patrón, que se suspendan los remates pendientes y que la Comisión para el Mercado Financiero informe al país cuántas familias han perdido su vivienda por avisos en diarios que nadie lee. Y que se haga antes del lunes, porque después de un remate deshacer la venta a un tercero cuesta diez veces más.

Esto le pega siempre al mismo lado: al campo, a los adultos mayores, a quienes deben poco y pierden todo. Un banco privado persigue su utilidad y nadie se sorprende. BancoEstado lleva el nombre del país en la fachada, dice ser de la gente y recibe a los chilenos que los demás bancos despiden en la puerta. Esa confianza era su único capital, y la está rematando por once millones y medio.

Si hay inocentes, que la investigación lo demuestre. Si hay culpables, que respondan. Lo que no puede seguir es el silencio.

Un banco que le quita la casa a su dueño sin avisarle no está cobrando una deuda. Está cobrando la confianza de todo un país.