Este jueves, desde la Asociación de Funcionarios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA), “condenaron” el actuar de un funcionario de Mejor Niñez que se ha ausentado desde 2021 por utilizar sus horas gremiales como dirigente nacional.
Tras lo revelado por BBCL Investiga, respecto a que Mejor Niñez inició un sumario contra Felipe Ramírez Cárcamo, presidente nacional de la Asociación ANTRAP y funcionario de Mejor Niñez en el Maule, por una ausencia laboral total desde hace tres años, el gremio se manifestó al respecto.
En concreto, los trabajadores expresaron su “condena” por quien dicen, “ha utilizado su cargo en detrimento de los principios que deben guiar a cualquier dirigente sindical y a todo funcionario público”.
La reacción de ANFUSEPNA
“Felipe Ramírez no ha trabajado un solo día en el cargo por el cual fue contratado en Mejor Niñez, desde su creación el 1 de octubre de 2021, siendo el único dirigente sindical que goza de este “privilegio”. Por eso, no es comprensible ni justo que, con este antecedente, la dirección nacional de Mejor Niñez le realizara dos alzas de grados”, afirmaron en un comunicado.
Así, desde ANFUSEPNA sostuvieron que la conducta del dirigente “no representa a la mayoría de los funcionarios que cumplen con su labor de manera comprometida y transgrede las obligaciones de todo funcionario de la administración del Estado”.
“Esperamos que los hechos denunciados sean investigados con la máxima seriedad por la Contraloría General de la República, pues creemos que la dirección nacional de Mejor Niñez ha sido cómplice de estas conductas y no da garantías de debido proceso y autonomía investigativa”, emplazaron.
Finalmente la asociación recalcó que Ramírez “ha faltado a su deber y abusado de su rol para obtener beneficios personales, como el aumento de su remuneración”, algo que no va en línea con los “principios de transparencia, responsabilidad y un compromiso sincero con el servicio a la ciudadanía” que promueven desde el gremio.
“Seguiremos defendiendo los derechos de los funcionarios públicos y trabajando con responsabilidad para garantizar la protección de la infancia y adolescencia en Chile”, concluyeron.
Revisa aquí el comunicado completo: