El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, recurrió al Tribunal Constitucional para suspender su formalización por causas del estallido social.
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, recurrió al Tribunal Constitucional con el fin de suspender su formalización, la que está fijada para el 7 mayo próximo.
La máxima autoridad de la policía uniformada será imputado por su presunta responsabilidad de mando y omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social.
Según Yáñez, no se respetaron garantías constitucionales en el proceso que el Ministerio Público lleva en su contra.
En el requerimiento ingresado el jueves, el general director pide al Tribunal Constitucional “tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad respecto de los preceptos legales contenidos en los artículos 161, parte final, 164 y 370 del Código Procesal Penal”.
Según el alto mando, la aplicación de las normas detalladas “resulta decisiva en las gestiones pendientes en las que soy parte, consistente en el recurso de apelación pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago”.
Recurso que se “interpuso respecto de la resolución que rechazó la reposición que, a su vez, rechazó el incidente de nulidad procesal solicitado respecto de la resolución de fecha 4 de enero de 2024 que fijó audiencia de formalización en mi contra para el 7 de mayo del presente”.
General Yáñez recurre al TC para suspender su formalización por causas del estallido social
En el documento, Yáñez dice que la investigación que se lleva en su contra “se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que contiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos. En efecto, esta figura de participación no constituye un crimen en sí mismo, sino una especial participación de los jefes militares y civiles en los tipos penales de derecho penal internacional”.
Respecto a la solicitud de formalización en su contra, según Yáñez, presenta vicios que la vuelven susceptible de ser anulada, además, que “al no haberse declarado así por el juez de primer grado, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso, en su vertiente al derecho a defensa y derecho al recurso, y principios constitucionales como la supremacía constitucional y de juridicidad”.
“Está afectando mi dignidad y honra”
Dentro del escrito, el director general de Carabineros señala que “el 7° Juzgado de Garantía, haciendo un uso abusivo del Derecho y a través de un procedimiento irracional e injusto está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable a la institución de Carabineros de Chile”.
El objetivo de este documento es “garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas, puesto que el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma comisiva ni activa. En efecto, jamás he permitido, convalidado, autorizado ni aceptado la afectación de la vida, integridad y dignidad de ningún chileno, pero por el ejercicio de mi cargo en la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros debí hacer cumplir la Constitución y las Leyes, para así restablecer el Estado de Derecho, el orden público y la seguridad interior”.
