De las personas expulsadas, dos de ellas tenían condena por el delito de incendio, otras tres por robo con intimidación, una por robo con violencia, una por receptación, dos por violar la Ley 20.000 y seis por ingresar al país por pasos no habilitados.
La mañana de este viernes, el Servicio Nacional de Migraciones y PDI materializaron la expulsión de 15 personas. En el vuelo, con rumbo a La Paz (Bolivia) y Santo Domingo (República Dominicana), dejaron el país 9 personas expulsadas por orden judicial y 6 por orden administrativa.
De los expulsados, 8 subieron al avión en el Grupo 10 de la FACh, que luego realizó una escala para recoger a otras 7 personas, que abordaron en la Base Los Cóndores, en Iquique.
En La Paz descenderán ocho hombres y una mujer de nacionalidad boliviana. Luego, en Santo Domingo, abandonarán el avión cuatro hombres y dos mujeres dominicanas.
De las personas expulsadas, dos de ellas tenían condena por el delito de incendio, otras tres por robo con intimidación, una por robo con violencia, una por receptación, dos por violar la Ley 20.000 y seis por ingresar al país por pasos no habilitados.
Según nuestro marco legal vigente, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) debe dictar las expulsiones administrativas y, también, encargarse de la logística para las expulsiones judiciales y administrativas.
Expulsiones
Durante 2023 y a la fecha, incluido este vuelo de la FACh, se han materializado 938 expulsiones: 332 administrativas y 606 judiciales. De ellas, dos tercios se han hecho en vuelos de la FACh o comerciales y un tercio por vía terrestre.
Además de las expulsiones, el Gobierno trabaja en implementar medidas preventivas para fortalecer la seguridad pública de la ciudadanía. Entre ellas destaca la reciente toma de razón de la Contraloría de la Política Nacional de Migración y Extranjería, que ya empezó a regir, convirtiéndose en un hito en las políticas públicas del país.
Luis Eduardo Thayer, director del Sermig, destacó que “seguimos trabajando en materializar las expulsiones administrativas y judiciales, priorizando aquellas personas que han cometido delitos o tienen antecedentes penales. La Política Nacional de Migración y Extranjería nos permitirá hacer más eficientes los procesos sancionatorios, así como fortalecer la gestión interna de Sermig”.
