El presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), al cumplirse lo pedido por el ministro confirmó que lo conversado "va a quedar en secreto".
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, declaró ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que pidió que parte de la sesión fuera secreta ya que tendría información que no se podía entregar públicamente.
La instancia investigadora analiza los diferentes detalles respecto de los convenios alcanzados y fondos entregados desde el Programa de Asentamientos Precarios del Minvu con diferentes fundaciones. Contratos que, en al menos 9 regiones del país, están siendo investigados a la vez por la Fiscalía por posibles delitos de fraude al fisco o administración desleal.
Una vez comenzada la intervención de Montes, el secretario de Estado pidio a la comisión la posibilidad de hablar con resguardo. “Estamos ante una situación muy grave, porque se trata de plata de los campamentos, quisiera que tuviéramos la mayor disposición para ir a las causas y buscar las soluciones (…) por las características de la exposición, quiero solicitar que al final de mi exposición puedan haber algunos minutos de sesión secreta porque tengo información que no puedo entregar públicamente”, solicitó Montes.
La parte secreta de la reunión se dio tras la presentación principal de Carlos Montes, momento en que solo quedaron en la sala los diputados, el ministro y parte de su equipo, además que se interrumpió la transmisión televisiva de la sesión.
En total, la reunión se mantuvo en secreto cerca de 40 minutos. El presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), al cumplirse lo pedido por el ministro confirmó que lo conversado “va a quedar en secreto”.
No obstante lo anterior, durante el lapso público de la sesión en el Congreso, el titular del Minvu comentó que la investigación interna del ministerio arrojó que las principales irregularidades presentes en cuanto a los convenios entre la cartera y las fundaciones son “el conflicto de interés y transgresión del deber de abstención; la contratación de personal con cargo a los recursos transferidos que se desempeñan en la Seremi y/o Serviu para realizar labores de línea de dichos servicios.
De igual forma, se detectó “el posible desvío de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios; el riesgo de fraccionamiento de los convenios; y finalmente, no dar cumplimiento a modelo de rendiciones establecido en la resolución N°30 de la Contraloría General de la República”.
Por otro lado, aparecieron faltas administrativas como rendiciones atrasadas, convenios vencidos con actividades pendientes y sin restitución de recursos.
