Tras conocer lo que califican como graves actos de corrupción e irregularidades en el contexto del Caso Convenios, el Gobierno presentó una agenda de probidad y modernización del Estado.
Argumentando que en los últimos meses Chile ha sido testigo de una serie de irregularidades y graves actos de corrupción, el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó una agenda de probidad y modernización del Estado.
Dicha agenda se implementará en los próximos meses, pero a partir de la próxima semana se dará inicio con el nuevo instructivo de transferencias del Estado que contempla 13 iniciativas.
Lo anterior, con la intención de mejorar el control y la rendición de cuentas; aumentar la transparencia y elevar los estándares de probidad.
Medidas de la agenda de probidad
Entre las 8 iniciativas presentadas por el Ejecutivo, destaca una batería de propuestas de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia.
Además, un instructivo de transferencias del Estado que reitera y complementa exigencias que son fundamentales “para que casos como los que hemos visto no se repitan”.
En ese punto se establece la obligación de utilizar el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República. Además, exigir garantía, acreditar antigüedad y experiencia.
A la vez, se plantea una limitación a la subcontratación, la prohibición de fraccionamiento y la obligación de restituir los recursos transferidos en el caso que indica.
Como tercera medida está la Ley de Beneficiarios Finales que busca crear un registro donde las entidades informen las personas naturales que son beneficiarias finales de dicha organización.
De igual forma, se establecen medidas en materia de probidad sobre Compras Públicas que, entre otros aspectos, establece que ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos con su personal.
Como medida, también destaca una reforma del Consejo General de Auditoría Interna del Gobierno (CAIGG). Así, se busca crearlo como un servicio público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Como últimas medidas, se busca fortalecer la integridad y probidad municipal; además de ampliar la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública.
Finalmente, desde el Gobierno enfatizan en el compromiso con la descentralización a través de la Ley Regiones más Fuertes ingresada en el pasado mes de mayo al Congreso.
Lo anterior, “establece mayores mecanismos de control, responsabilidad fiscal, transparencia y rendición de cuentas para resguardar que los gobiernos regionales usen de buena forma los recursos destinados al bienestar de las familias”.
