Archivo/ AgenciaUNO | Edición Bastián Pedreros/ BBCL
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El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó al fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros para dirigir el caso del ataque al consejero constitucional recientemente electo por La Araucanía, Héctor Urban, y su padre, René Urban, así como también amenazas de muerte denunciadas por el diputado Diego Schalper (RN).
El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó al fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, para dirigir las investigaciones sobre los ataques al consejero constitucional Republicano Héctor Urban y su padre.
“Estamos en el contexto de un proceso constituyente nuevo, y la amenaza contra un consejero, excede los límites de la violencia rural habitual, y es un asunto que nos preocupa a todos los chilenos ya que afecta la democracia y el Estado de Derecho en Chile”, añadió.
En rigor, el padre del actual consejero Republicano Héctor Urban, René Urban, sufrió un ataque a balazos mientras se trasladaba en una camioneta por la comuna de Ercilla, región de La Araucanía.
Del mismo modo, el consejero constitucional del Partido Republicano electo el domingo recién pasado, Héctor Urban, también sufrió un ataque. En su caso, un vehículo en movimiento disparó en reiteradas ocasiones en contra de su domicilio particular ubicado en la región de La Araucanía.
Al fiscal a cargo Héctor Barros también le corresponderá investigar una denuncia por amenazas de muerte presentada por el diputado Diego Schalper (RN),
Anteriormente, el fiscal nacional ya había designado a Barros como persecutor a cargo de liderar las investigaciones por amenazas y atentados contra autoridades provenientes del crimen organizado.
“Hemos activado un grupo especializado, dirigido por el fiscal Barros, que investigan causas de amenazas dirigido en perjuicio de autoridades”, confirmó el jefe del Ministerio Público.
En ese mismo sentido, el Ministerio Público anunció la implementación de una política de persecución penal con especial énfasis en los delitos asociados al crimen organizado, tráfico de drogas e infracciones a la Ley de Control de Armas.
