Hasta el próximo lunes tiene el Gobierno para informar sobre la comunicación con Estados Unidos en el que se habría desmentido la citación del FBI a la exjefa de asesores del Presidente Boric, Lucía Dammert. Recordemos que la eventual cita a declarar se enmarca en el contexto de una investigación por narcotráfico en la que está involucrado -y declarado culpable- el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
La mediática salida del Gobierno de la exjefa de asesores del Presidente, Lucía Dammert, y la eventual citación a declarar ante el FBI aún da de que hablar.
Recordemos que, en septiembre del año pasado, el Gobierno desmintió a Interferencia que informó que el FBI citó a Dammert a declarar como testigo en un caso por narcotráfico que involucra al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna.
“El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia”, dice el comunicado de prensa.
“Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa”, sentenció.
Posteriormente, tras una orden del Consejo para la Transparencia (CPLT) que acogió un amparo presentado por un periodista del medio digital en cuestión, se ordenó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería entregar detalles de la comunicación con Estados Unidos.
En ese sentido, desde el CPLT se informó que “la subsecretaría denegó el acceso a la información aludiendo la inexistencia de la información” argumentando que las conversaciones “fueron transmitidas por vías verbales”.
El ultimátum al Gobierno y las multas por caso Lucía Dammert
Tras caducar el plazo y no existir respuestas, se dispuso una prórroga de cinco días -que vence el próximo lunes- y, tras esa fecha, se iniciaría un sumario que, ante el incumplimiento, podría tener sanciones.
En este caso, la responsabilidad estaría puesta en quien fue parte del Consejo para la Transparencia y hoy es la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.
En caso de no entregar la información requerida, el presidente del CPLT, Francisco Leturia, explicó que se contemplan sanciones “desde un 20% a un 50% de su remuneración”.
“Muchas veces lo que más importa es el juicio de reproche de la ciudadanía y la opinión pública, por haber afectado un derecho fundamental y haber incumplido la ley”, dijo.
“Sin duda el tema es delicado, porque no es bueno que se despierten dudas sobre la real existencia de dicha comunicación oficial con EEUU que fue citada en el comunicado como antecedente, o peor aún, que se haya perdido”, dijo Leturia.
Agregando que la información pública “es clave para que la comunidad pueda opinar y tomar decisiones” y que acá lo que se busca saber es “quién llamó, a quién y cuándo”.
Finalmente, Leturia destacó que el Caso Dammert contribuye a mostrar que “la institucionalidad está funcionando bien” ya que “el solicitante alegó y, gracias a ello, probablemente sea entregada”.
“Y si no, la persona que incumpla la ley recibirá el mismo trato y las mismas sanciones, sin importar que sea un exconsejero o una expresidenta del CPLT, o una persona cualquiera”, concluyó.
