"Lo que en definitiva desliza, es prácticamente una imputación de corrupción hacia los fiscales. De estar vinculados o de acuerdo con el expresidente Piñera, de que esto es una cuestión netamente política", aseguró Francisco Bravo.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, se sumó a las críticas por la polémica carta del Grupo de Puebla de apoyo a Marco Enríquez-Ominami (ME-O), que cuestiona al Ministerio Público, a propósito del caso SQM.
Se trata de una misiva que publicó el organismo, que reúne a líderes políticos y abogados de Iberoamérica, donde criticó al sistema judicial chileno por el nuevo aplazamiento del juicio oral por el caso que, entre otros, tiene como imputado a ME-O.
En la carta con 29 firmas, entre ellas la del presidente de Argentina, Alberto Fernández, el grupo denuncia que “desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”.
“Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio”, critican.
Gremio de fiscales y carta de apoyo a ME-O firmada por presidente Fernández
Al respecto, el presidente de la ANF cuestionó el hecho que “lo que en definitiva desliza, es prácticamente una imputación de corrupción hacia los fiscales. De estar vinculados o de acuerdo con el expresidente Piñera, de que esto es una cuestión netamente política”.
En entrevista con Tele13 Radio, Francisco Bravo aseguró que “estamos muy impresionados por las declaraciones, y lo que hemos dicho todos en línea, sin ponernos de acuerdo, es que esto es completamente inadmisible, improcedente, injusto”.
“Nos sorprendió y por supuesto, la rechazamos categóricamente”, sentenció.
“Hay fiscales que están trabajando durante muchos años en esto, nosotros investigamos hechos constitutivos de delitos, no nos fijamos en la investidura o en la condición de los imputados, si es el señor Enríquez-Ominami o el señor Longueira, que además son de sectores distintos políticamente, es irrelevante”, agregó.
“Aquí lo importante es que estos hechos sean juzgados, que además no van a ser juzgados por la fiscalía, sino que por un tribunal”, aclaró.
Por último, valoró las reacciones, tanto de La Moneda, como del Poder Judicial, quienes han rechazado los términos de la carta del Grupo de Puebla.
“Están en la línea correcta, con un tono institucional y republicano que es el que corresponde, particularmente respecto al Gobierno y al Ministerio Público”, sentenció Bravo.
El rechazo transversal de La Moneda a carta del Grupo de Puebla en apoyo a ME-O
Recordemos que además del Ministerio Público, la carta ha sido rechazada transversalmente por el Gobierno, incluyendo al propio presidente Gabriel Boric, especialmente por la rúbrica de su par trasandino, Alberto Fernández.
“Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas. Entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema, pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio”, dijo Boric.
Horas antes, la ministra de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, había revelado que había abordado la nueva polémica con el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, al que le había transmitido que “las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes”.
Más duro, el ministro de Justicia, Luis Cordero, criticó la firma del presidente argentino, asegurando que “no me atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la justicia argentina. Yo logro entender cartas de ese tipo como apoyos políticos, pero del punto de vista institucional, me parece improcedente e impropio el contenido”, afirmó Cordero.
“Me parece que desconoce cuestiones elementales del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal en Chile y, por lo tanto, el Ejecutivo no solo respeta, sino que promueve y ampara la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público”, agregó.
