El Gobierno endureció el tono en contra de Metrogas y ahora calificó como un "resquicio" el método que utilizó la compañía para dividir operaciones y aumentar en hasta un 20,2% el precio del gas natural.

El Gobierno se autoimpuso hasta julio para presentar el proyecto de ley que busca regular el mercado del gas natural en nuestro país.

Las gestiones se aceleraron tras el anuncio del presidente Gabriel Boric y los resultados del informe preliminar que reveló la Fiscalía Nacional Económica en diciembre pasado.

Allí constató que en 2017, Metrogas se acogió al artículo décimo segundo transitorio de la Ley del Gas, permitiéndole continuar con la división de operaciones a través de Agesa.

Gracias a este movimiento, la compañía ha obtenido ingresos adicionales entre 78 y 87 millones de dólares anuales.

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La subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, volvió a arremeter y calificó como un “resquicio” la acción de la empresa.

El fiscal económico Ricardo Riesco recalcó que Metrogas se encuentra amparada legalmente y sostuvo que para evitar este escenario debería derogarse el cuestionado artículo y considerar el tope de rentabilidad por grupo empresarial, lo que bajaría en hasta un 20% el precio del gas natural.

Respecto a los detalles del proyecto, se confirmó que se propondrá una tarificación en el sector -similar a lo que ocurre en las sanitarias-, implementar una regla para la venta entre partes relacionadas y estudiar los objetivos de rentabilidad.