Expresidentes del Tribunal Constitucional coincidieron en pedir la derogación de la norma que permite que abogados no expertos en lo constitucional, lleguen a ser ministros del órgano jurisdiccional.

Variados cuestionamientos ha generado la posibilidad que dos exparlamentarios lleguen a ser ministros del Tribunal Constitucional, sin tener la especialización en esa materia.

Se trata de los diputados Gabriel Silber (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN), quienes aparecen como los posibles nominados para reemplazar a Gonzalo García y Juan José Romero.

Si bien la votación se iba a desarrollar este lunes, finalmente la Cámara echó pie atrás y sacó de la tabla el nombramiento de los nuevos integrantes del TC.

Acusan “cuoteo político”

El hecho generó críticas, no sólo porque la decisión debe ser tomada por el próximo Congreso que asumirá el 11 de marzo, sino debido a que ambos no consiguieron ser reelectos.

Al respecto, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, enfatizó que es “lamentable que se perpetúe la lógica del cuoteo político”.

En ese sentido, apuntó al daño que se le hace al órgano jurisdiccional, agregando que los futuros ministros deben tener un alto dominio en materia constitucional.

Expresidentes del TC piden derogar norma

Iván Aróstica, actual integrante y expresidente del TC, sostuvo que urge la derogación de la norma que señala que los candidatos a ministro se hayan destacado en la actividad profesional, universitaria o pública.

A su juicio, esto último han permitido que ingresen como ministros algunos personeros que nunca han ejercido en tribunales, agregando que no es necesario esperar lo que resuelva la Convención.

Otro de los ministros del órgano, José Ignacio Vásquez, aseguró que si se llega a concretar la llegada de exparlamentarios, es una confirmación de que el TC es una “Tercera Cámara”, tal como se ha criticado.

“Permitir esto, es terminar de hundir al Tribunal Constitucional”, lamentó.

Cabe destacar que en la Comisión de Sistemas de Justicia ya se presentó una iniciativa que elimina el Tribunal Constitucional (TC) en la nueva Constitución.