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El próximo 26 de abril de 2026, la jornada laboral en Chile se reducirá por ley de 44 a 42 horas. Aunque el Gobierno de José Antonio Kast descartó derogar la normativa, los ministerios de Hacienda y Trabajo evalúan su impacto en el empleo y posibles nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo para flexibilizar su implementación. Mientras gremios como Conapyme apoyan una revisión por los costos asociados, la CUT y sectores de oposición advierten que modificar derechos adquiridos generará incertidumbre y conflictos laborales innecesarios.
El próximo 26 de abril se reduce la jornada laboral de 44 a 42 horas y ese debate rápidamente se tomó el centro de la discusión, más aún cuando el Gobierno ha dado señales sobre posibles nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo (DT) respecto a la implementación de la ley.
La ley de 40 Horas, impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric y presentada como uno de los hitos más grandes de su administración, hoy está siendo “evaluada” por su eventual impacto en la creación de empleo, aunque de lleno el Ejecutivo de José Antonio Kast descarta su derogación.
El Ministro de las segpres, Jose Garcia Ruminot, en una entrevista en Radio duna, así lo señaló: “No vamos a poner término a las 40 horas, eso va a continuar”, explicando que el ministerio de Hacienda y Trabajo están “analizando“ la ley.
La revisión de las 40 Horas:
Este último punto respondería as las dificultades que esta y otras reformas han generado en la creación de empleo, al mismo tiempo que se encuentran ciertas diferencias con los dictamentes de la DT en su implementación.
Por ello se apunta a que los pronunciamientos del ente fiscalizador no estén generando desencuentros o distintas interpretaciones entre empleadores y trabajadores. En las palabras suena fácil, pero en lo técnico, el escenario se complica.
Al tratarse de una ley aprobada y de un derecho adquirido, en el caso de las empresas que ya cuentan con el sello de las 40 horas, o cuya reducción ya comenzó a implementarse, la ley no puede ser derogada.
De acuerdo a expertos, sí sepuede ingresar un proyecto de ley al congreso para modificar o corregir ciertos puntos de la ley, por lo que de tomar la alternativa, el Ejecutivo tendrá un desafío importante en términos de generar consenso político.
Francisco Neira trabaja actualmente para el estudio “La Firma”, pero hasta hace solo dos días era coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo y, por ende, participó de la consulta para la ley de 40 horas.
El abogado dijo que es extraño dar una señal así a inicios del gobierno, y que “genera incertidumbre sobre el futuro de los derechos laborales”.
Según recordó Neira, “en julio de 2025, el Congreso votó una norma interpretativa que estableció que la reducción de jornada laboral era en una hora”.
Desde las pymes, que desde el anuncio de la ley manifestaron sus reparos a propósito de que le significaba un costo adicional; el Presidente de con Conapyme, Héctor Sandoval, se refirió a estas interpretaciones que muchas veces confunden a los empleadores y se mostró a favor de que la ley se revise.
“Nosotros estamos de acuerdo que esto se revise y que, si es necesario derogar alguna interpretación o dictamen de la Dirección del Trabajo, se haga, porque sin duda afecta en el empleo”, aseguró el dirigente gremial.
Voces del palacio de La Moneda aseguran que lo que se daría conocer en los próximos días sería un nuevo dictamen que presentaría medidas compensatorias, y un mayor margen de gradualidad, justamente dirigidas, entre otras, a las pymes.
Reacciones políticas y de la CUT
En la esfera política los trascendidos ya generan revuelo.
La senadora independiente, Alejandra Sepúlveda, dijo que se trata de una ley muy querida, mientras que el diputado republicano, Agustín Romero, dijo que hay un acuerdo en que la gente tenga tiempo de calidad con su familias y que la ley no se derogará.
Aún así, trajo a colación el informe del Banco Central, publicado el año pasado, en el que el Instituto emisor señalaba costos laborales, asociados a la creación de empleo, mencionando las 40 horas.
Y desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidente José Manuel Díaz dijo que no hay claridad, y que “el Gobierno tiene que clarificar lo que va a hacer”, junto con señalar que se generaría un problema innecesario.
“Es muy arriesgado que el Gobierno intente quitarle efectividad (…) es un conflicto que se va a ganar gratis al inicio”, advirtió.
Otra de las decisiones tomadas tras la llegada de Kast a La Moneda incluye un decreto de la Secretaría General de Presidencia, con fecha del 11 de marzo, que fue enviado a todos los Ministerios y Subsecretarías.
Se trata de la instrucción y creación de un comité de auditoría y revisión fiscal que estará compuesto por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; la Subsecretaria General de la Presidencia, quien presidirá la instancia; el director de Presupuesto, José Pablo Gómez; el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y un representante del Gabinete Presidencial.
Este equipo tendrá la tarea de, en seis meses, levantar el catastro de las finanzas públicas en la administración central. De hecho, en los primeros 30 días, después de la Constitución del comité, deberán ser enviados a los primeros reportes.
