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La democracia no se trata de empates ni de concesiones corporativas, se trata de principios.
El anuncio del presidente José Antonio Kast de estudiar el indulto a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social me provoca una profunda preocupación. No es un gesto de reconciliación, como se ha querido presentar, sino un retroceso en materia de derechos humanos y justicia. El anuncio erosiona la confianza democrática y niega a las víctimas.
Lo más grave es la voltereta política que este anuncio representa. En diciembre de 2025, durante entrevistas y debates de campaña, Kast fue categórico al señalar que no ocuparía la herramienta del indulto. Esa definición buscaba diferenciarlo de su antecesor, Gabriel Boric, a quien criticó duramente por haber indultado a manifestantes civiles.
Apenas días después de asumir la presidencia, en marzo de 2026, cambió de opinión y anunció que sí utilizará la facultad presidencial de indulto, esta vez para beneficiar a uniformados condenados por tribunales de justicia.
Esta contradicción no es menor: muestra cómo las promesas de campaña se diluyen frente a intereses políticos y corporativos, debilitando la confianza ciudadana en la palabra presidencial.
Los delitos cometidos por carabineros y militares durante el estallido social no fueron simples excesos. Fueron violaciones graves a los derechos humanos, documentadas por organismos nacionales e internacionales. Hubo mutilaciones oculares, golpizas, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. Cada mutilación ocular, cada detención arbitraria, tiene un rostro y una historia que no pueden borrarse con un decreto.
Indultar a quienes fueron condenados por estos hechos significa enviar un mensaje devastador: que la violencia estatal puede quedar impune. La reconciliación exige verdad y justicia, no favores corporativos.
El presidente Kast criticó con dureza los indultos de Boric, acusando que debilitaban el Estado de derecho. Hoy, sin embargo, plantea indultar a uniformados condenados por violaciones de derechos humanos. Esa incoherencia no es solo política, es ética. La democracia no se trata de empates ni de concesiones corporativas, se trata de principios.
Equiparar a manifestantes con agentes del Estado es falaz: los primeros actuaron en un contexto de protesta social, los segundos tenían el deber de proteger derechos y garantizar la seguridad sin traspasar los límites de la legalidad. Cuando el Estado falla en ese deber, la responsabilidad es mayor, no menor.
Como diputada y como ciudadana, rechazo categóricamente este anuncio. Chile merece un futuro donde la memoria y la justicia sean pilares de nuestra democracia, no concesiones al poder. Indultar a quienes violaron esos derechos es un paso en la dirección contraria.
El presidente Kast debe recordar que la legitimidad de su mandato no se mide por gestos de perdón hacia quienes abusaron del poder, sino por su capacidad de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas.
