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Señor Director:
La reciente declaración del presidente José Antonio Kast respecto de posibles indultos a carabineros y militares condenados por graves violaciones de derechos humanos durante el estallido social es una mala señal para la búsqueda de justicia en Chile.
En primer lugar, cabe recordar que el Estado tiene la responsabilidad y obligación de proteger los derechos humanos y hacer justicia, y el ejercicio de indultar podría ser contrario a esto si no se tienen en cuenta las exigencias establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos.
Existen antecedentes en casos similares en las Américas (Corte Interamericana de DDHH, Casos Barrios Altos y la Cantuta vs Perú, 2018) donde se explicita la necesidad de tener en cuenta, además del estado de salud de la persona condenada, también otros parámetros como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena, que se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena, la conducta del condenado con respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos cometidos y su rehabilitación, y los efectos que su liberación tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.
Por último, en el caso del estallido social, el número de condenas por graves violaciones de derechos humanos es ínfimo y vergonzoso: apenas alcanza el 2% de más de 12 mil delitos de violencia institucional perpetrados por funcionarios públicos.
De estos, más del 70% corresponde a apremios ilegítimos, además de delitos de tortura, lesiones graves y desnudamientos, entre otros. No estamos hablando de delitos comunes, sino de hechos gravísimos que merecen una condena tajante por parte del Estado.
Han pasado casi 7 años y vemos como la justicia aún no llega e incluso las nuevas autoridades tienen intenciones de retroceder en lo que se ha alcanzado.
La ciudadanía, las víctimas y sus familiares merecen justicia, verdad y reparación. Instamos al presidente José Antonio Kast a cumplir con las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos humanos y no avanzar en medidas que incrementen la impunidad.
