Mar Chileno: desafíos para la administración Kast

El problema del fraccionamiento de los recursos pesqueros

En el curso de los dos últimos meses, el Estado chileno sumó cuatro demandas de empresas pesqueras que entienden que la Ley de Fraccionamiento de Pesca aprobada en 2025 supone el desconocimiento de la “distribución histórica” de las cuotas (reducción de estas) y, en un contexto legal, una “expropiación encubierta y sin compensación” de recursos a los que tendrían acceso garantizado hasta 2032.

Esto ocurre en un marco conceptual en el que, se observa, no existe un paradigma para entender, a escala nacional, los problemas del Mar Chileno. Chile no tiene un “concepto” respecto de “para qué sirve el mar”.

En el marco de esa carencia ocurren las demandas de empresas de la pesca industrial, que reclaman efectos pecuniarios del fraccionamiento de los stocks, el cual -en la lógica de la ley-, debe garantizar el acceso de la pesca artesanal a recursos tales como la merluza común, la jibia, el jurel y la sardina. Sumados, las cuatro empresas demandantes estiman que los perjuicios recibidos ascienden a más de 475 millones de dólares.

El gobierno anterior desestimó tales demandas y, como muchas otras cosas, “las dejó para la consideración del gobierno electo”, esto es, para la administración de José Antonio Kast.

De importancia social y política es que algunas asociaciones de pescadores artesanales se adelantaron a rechazar el reclamo de los pescadores industriales, haciendo ver que los recursos marinos son “bienes de uso público” (pertenecen al Estado). Esto, sin embargo, no disuadió a las empresas, cuyas demandas en contra del Fisco siguen en marcha.

Si, en vista del lento trámite de una nueva ley de pesca, la ley de fraccionamiento pesquero fue “un logro” del gobierno anterior, su implementación se percibe como un desafío social, político y económico para el actual.

En términos políticos, porque la circunstancia generada por empresas pesqueras ofrece a sectores de izquierda ambientalista (especialmente a los defensores de la tesis de “los peces sintientes”) un ángulo de ataque vestido de “defensa del legado del gobierno Boric”. En la práctica, una oportunidad para, “desde la calle”, recuperar la mística de 2022.

Desde el punto de vista de la lógica legal y económica, no atender la demanda de las empresas supondría un contrasentido para un gobierno que no solo valora el aporte de la actividad privada, sino que tiene como prioridad asegurar un marco regulatorio para la inversión y la innovación en el sector productivo. Pese a ello, la posibilidad de compensar pecuniariamente a las empresas (reconocer “de derecho” los perjuicios) se adivina complejo, en vista la escuálida situación del erario nacional, y las urgencias sociales incluidas en “el legado de Boric”.

Salmonicultura, pueblos originarios y ambientalismo salvaje

Mientras la disputa la pesca industrial con el Fisco (y potencialmente con organizaciones de pescadores artesanales) se concentra al norte de Puerto Montt, al sur de esa capital regional subsiste el problema que enfrenta a la industria salmonera con cierto grupo de poder al interior del Estado, con vínculos en el mundo de la ONGs ambientalistas.

Ese es, en los hechos, el origen del conflicto entre organizaciones de pueblos originarios y empresas salmoneras, que hoy acapara parte del debate político en nuestro Sur Austral.

Con perspectiva estratégica, la agenda del ambientalismo salvaje (que recuerda al “Manifiesto” del criminal norteamericano conocido como “Unabomber”) propone una “Patagonia sin salmoneras” (la expresión incluye al archipiélago de Tierra del Fuego, que no es Patagonia), para lo cual, durante las últimas dos décadas, logró un verdadero “milagro”: “resucitar” al pueblo Kawésqar (antes “Alacalufe”).

Según el canon de la “leyenda negra” del indigenismo americano (un tema muy apreciado en centros de estudios “progresistas” de Estados Unidos y Europa), los pueblos originarios de nuestro sur austral (también los Onas hoy Selknam, y los Yaganes) no solo fueron diezmados, sino que, literalmente, exterminados por los “colonos blancos” y las enfermedades como la viruela y la influenza.

El “milagro” que aludo gestó enseguida el “movimiento social” que “movilizó al pueblo kawésqar” en el marco de la Ley Lafkenche, a partir de la cual, siempre con la asesoría de ONGs ad hoc, pequeños grupos de pobladores pasaron a reclamar cientos de miles de hectáreas de borde costero de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Todo, se entiende, para que los actuales kawésqar regresen a sus “prácticas ancestrales” que -en sentido estricto- supondría navegar desnudos por fiordos y canales en una canoa de tronco, alimentándose, con sus familias, de mariscos y lobos marinos, “sin celular” y sin acceso a ningún Cesfam ni al rescate por alguna unidad de la Armada (que no existían en “tiempos ancestrales”).

¿Es posible regresar a las “prácticas ancestrales” que justifican el reclamo de pequeños grupos de ciudadanos ideologizados e instrumentalizados por personas que ni siquiera conocen los fiordos y canales de Aysén y Magallanes, y que nunca estuvieron expuestos a la intemperie durante una tormenta de granizo y nieve, con vientos de más de 100 kilómetros por hora?

¿No tienen los “niños kawésqar” derecho a la seguridad y a la atención de medica del siglo XXI que les garantiza la Constitución, pero que, en los hechos, el regreso a las “prácticas ancestrales” les negaría?

Sin duda que por estas y otras razones elementales y evidentes, sucesivas demandas de pequeñas “comunidades kawésqar” han sido rechazadas por gobiernos y comunidades regionales. Esto, incluso, antes de considerar que la industria salmonera -su enemiga declarada- con todos sus graves pecados asegura trabajo y sustento para miles de familias que, sobre todo desde Chiloé (pueblo fundador de nuestro sur austral), en caso contrario se verían obligadas a emigrar para engrosar los cordones de pobreza de las ciudades del norte.

El presidente Kast ha dicho que, en su opinión, nuestro país posee las condiciones para convertirse en el primer productor mundial de salmón y trucha. Si las gentes de Los Lagos, Aysén y Magallanes están, mayoritariamente, de acuerdo con él, en la faena de lograrlo su gobierno se encontrará con una oposición que, con el antecedente de la campaña “Patagonia sin represas”, intentará, por todos los medios, limitar al máximo el desarrollo de la salmonicultura.

Quienes se oponen a esta industria no piensan en términos de empleos (no les preocupan) y recurrirán, sobre todo, a la prensa internacional afecta para “denunciar” al gobierno. Esto está garantizado.

Nuestra casi olvidada y trascendente pesca antártica

Más al sur, plus ultra el Cabo de Hornos, nuestras actividades que usan el mar enfrentan problemas semejantes, especialmente en el área de aplicación del Tratado Antártico, esto es al sur del paralelo 60° Sur (en el hemisferio norte equivalente a la posición de Oslo, Estocolmo y San Petersburgo). En ese sector las actividades pesqueras están reguladas por la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), que de manera consensuada anualmente fija cuotas por sector y especies del mar austral-antártico.

En operación desde la década de 1980, el mecanismo CCRVMA permitió el desarrollo regulado de la industria de la pesca antártica chilena que, con puerto en Punta Arenas, no solo aportó trabajo de calidad, sino que continuó la tradición de presencia de naves de pabellón nacional en aguas antárticas. La pesca antártica chilena es expresión de uso, ocupación y soberanía sobre los espacios geográficos descritos en nuestra Ley Antártica.

Sin embargo, en los últimos años, en la medida que la agenda internacionalista copó las prioridades de nuestra política exterior, la situación de nuestros pescadores antárticos se hizo cada vez más difícil. A pesar de haber sido pioneros en la adopción de medidas de control y verificación sobre la interacción de los buques con aves y mamíferos marinos, y cernirse estrictamente a normas sobre áreas, usos y especies de pesca, el aparato estatal chileno comenzó a demorar y a complejizar tramites que, en los hechos, se tradujeron en costos mayores, mermas a la competividad y, sobre todo, incertidumbre.

Toda vez que la pesca al interior de la zona CCRVMA incluye no solo al área de la Península Antártica, sino también a aquellas de las islas Georgia del Sur y la gran extensión del Mar de Ross en dirección a Australia, algunos operadores simplemente dejaron de operar en Punta Arenas, migrando a puertos de otros países.

El meollo del problema es que en algunos de los servicios públicos concernidos subsiste una enorme confusión respecto de si la Antártica Chilena es, o no es, parte del territorio nacional…Esto luego que funcionarios de sucesivos gobiernos afirmaron que “la Antártica es de todos, y es de nadie”…

Ciertos funcionarios llegaron a suponer que se trata de “aguas internacionales”, sin comprender que la normativa nacional está armonizada con nuestros compromisos con la normativa antártica y que, para todos los efectos legales, en lo que se refiere a la pesca que se obtiene en el área de la Península Antártica (Tierra de O’Higgins), se trata de capturas en aguas de la región de Magallanes y Antártica Chilena. Eso, independiente de que las cuotas respectivas antes hayan sido consensuadas en el ámbito de la cooperación antártica. ¿Tan complejo de entender?

El gobierno del presidente Kast dispone ahora de una oportunidad para resolver con claridad este problema, y potenciar nuestra soberanía austral y polar poniendo atención al desarrollo de nuestras pesquerías con puerto en Punta Arenas.

Un paradigma nacional para las actividades del Mar Chileno

En las tres materias expuestas, el “legado de Boric” supone “problemas en desarrollo”. Para avanzar en la solución de todos estos no solo es necesario mayor conocimiento y mayor transparencia, sino también voluntad política clara.

Sobre lo último, es necesario que el gobierno que comienza se atreva a tomar decisiones que aseguren un horizonte estable para las actividades económicas legitimas y reguladas que usan nuestro mar.

Con ese objetivo, la voluntad política que se requiere debería considerar que el objetivo asociado es fortalecer la percepción de que en Chile impera un marco legal conocido, transparente, estable y predecible que, sin preconceptos ideológicos, respeta y favorece la inversión, la innovación y el cuidado demostrable de los ecosistemas marinos.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de elaborar un concepto unificador para entender y planificar el uso de nuestro mar, para el beneficio del conjunto del país y para evitar que ese enorme activo del pueblo chileno sea instrumentalizado por intereses ajenos y/o mezquinos.