El Primer Juzgado de Garantía de Santiago condenó a dos ex fiscalizadores de Aduanas, implicados en una trama de contrabando al interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Se trata de la denominada Organización Columbia, que entre 2018 y 2022 logró embolsarse $1.900 millones mediante la internación de mercancías ilícitas desde el extranjero.
De acuerdo con información recabada por Bío Bío Investiga, el proceso judicial entró en su recta final: otros cinco empleados de empresas courier también fueron declarados culpables en procedimientos abreviados, mientras que otros nueve irán a juicio oral en mayo próximo.
De éstos, dos corresponden a los líderes de los clanes que conformaron el tinglado, Klif Arnold Chávez Santos y Lorenzo Antonio Vargas Elizalde, además de cinco exfuncionarios de Aduanas: Daniel Eduardo Arellano Martínez, Miguel Eugenio Barría Guerra, Rodrigo Alfredo Álvarez Fritz, Rodrigo Alejandro Ardiaca Rivera y Mauricio Andrés Cueto Silva.
EL MODUS OPERANDI
Según consta en las sentencias, la red estaba compuesta por tres clanes, con el fin de internar mercancías desde el extranjero —específicamente Estados Unidos— a territorio nacional sin pagar los impuestos correspondientes.
Los movimientos —rezan los documentos judiciales— fueron posibles gracias a la estrecha colaboración entre funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y trabajadores de empresas courier. Es decir, compañías que ofrecen servicios de transporte de documentos y paquetería a nivel nacional e internacional
De acuerdo con informes contenidos en el expediente judicial, los implicados seguían de manera ordenada las directrices de una estructura sofisticada que se dividía en tres clanes: Klif, Lorenzo y Alonso.
En total, según la investigación del Ministerio Público, se contabilizaron 92 operaciones de contrabando con un valor aduanero superior a los $2.295 millones de pesos. Bajo esa misma línea, se estima que el perjuicio causado a las arcas fiscales por tributos no pagados supera los $588 millones de pesos. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de recursos de apelación, ha realizado diligencias de manera activa para recuperar este monto.
El esquema desarrollado radicaba principalmente en sobornos a funcionarios de Aduanas, utilización de documentación falsa y la simulación de fiscalizaciones. La investigación —liderada por la Fiscalía de Pudahuel a través del fiscal jefe, Eduardo Baeza Cervela— logró la condena mediante procedimiento abreviado de los ahora ex fiscalizadores aduaneros Guillermo Gutiérrez Orellana y Miriam Carvajal Gutiérrez. Ambos operaban desde dentro de la institución para vulnerar los controles del aeropuerto, además de otros miembros de la organización que trabajaban en empresas courier.
EL CLAN KLIF
La organización se subdividía en un sistema de tres clanes interrelacionados entre sí. Estas colectividades abastecían a personas que buscaban ingresar mercaderías al país sin pagar impuestos. Una de ellas era el denominado Clan Klif. Liderados por Klif Arnold Chávez Santos, se encargaban de coordinar de manera exitosa la internación de estos bienes en el país.
Para dicho fin, Chávez realizaba dos movimientos clave: contactaba a dueños de negocios que necesitaban ingresar mercancía evadiendo impuestos y actuaba como intermediario entre ellos y los courier. Asimismo —según da cuenta el documento judicial—, estableció nexos con fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas, a quienes les ofrecía dinero.
¿El objetivo? Que permitieran el libre ingreso de la carga a través de fiscalizaciones simuladas o le entregaran información reservada acerca de las metodologías o mecanismos ilícitos sobre cómo evitar las fiscalizaciones.
Además, Chávez creó distintas empresas fachada para dar una apariencia de legalidad a las operaciones de contrabando: las sindicadas son Air Express SPA, Aerotransporte Klif Arnold Chávez Santos EIRL y la sociedad KJS Limitada.
Sus tentáculos no terminaban ahí. También figuraba legalmente como la persona autorizada para recibir las mercancías extranjeras que ingresaban de esta forma al país bajo los nombres de Aerotransporte, Air Transport, Air Global, Fenix International, Air Express International y Air Exzpress.
El principal cliente era Samuel Urbina Herrera, gerente general de “La Casa del Barbero”. Según establece la indagatoria, utilizaba los servicios de Chávez Santos para ingresar al país artículos de barbería desde el extranjero sin tener que pagar impuestos por ello. Según el libelo, Urbina en más de una ocasión le solicitó al líder del Clan Klif que hablara con alguno de sus contactos para ayudarlo a liberar cargas que se encontraban retenidas en el servicio aduanero.
Una de las operaciones clave que develó la investigación fue la que sucedió en diciembre de 2022. Klif Chávez Santos y Samuel Urbina internaron a Chile mercancías ilícitas desde el extranjero. Para justificar por qué sus productos eran tan baratos —debido a la subvaloración—, presentaron cartas falsificadas de proveedores de Estados Unidos aduciendo que los valores eran bajos por supuestas ofertas de “Black Friday”. Solo por este movimiento, el Estado dejó de percibir más de $4 millones en impuestos.
EL CLAN QUE OPERABA DESDE MIAMI
Por su parte, desde Miami —según consigna la indagatoria— existía una agrupación familiar que mantenía el control total de las importaciones irregulares que llegaban a Chile desde Estados Unidos: el Clan Alonso.
Según da cuenta la acusación, desde a lo menos 2018 y liderados por María del Pilar Alonso Ibáñez, tramitaban la internación de mercancías ilícitas al país mediante la empresa Columbia Courier.
La fiscalía identificó como propietarios de Columbia Courier International Transport INC LTDA a dos personas que también integraban el Clan Alonso: Eugenio Alonso Ibáñez —hermano de María del Pilar— y su hijo, Cristián Alonso García, quienes se encargaban de dirigir las operaciones desde una oficina de la entidad ubicada en Miami.
Mantenían comunicación directa con Klif Chávez Santos, así lo establece la indagatoria. Con el líder de dicho clan coordinaban el ingreso irregular de mercancías al país. Declaraban los envíos a nombre de las empresas creadas por este último. Según el escrito, tenían pleno conocimiento del mecanismo utilizado para subvalorar o no declarar la mercancía y de los sobornos a funcionarios públicos.
Además de esta empresa, el Clan Alonso contaba con una entidad en Chile llamada “Colinter Transport Spa”. A través de dicha entidad, se encargaban tanto de la recepción como del envío de mercancías desde Estados Unidos hacia Chile. Cuando la mercancía llegaba al país, la trasladaban hasta el destinatario final.
Según estableció el Ministerio Público, María del Pilar Alonso en todo momento mantuvo contacto con Klif Chávez con la finalidad de prestar servicios de courier para la internación de mercancías al territorio nacional. Juntos coordinaban estos ingresos que le causaron una gran defraudación al fisco.
EL CLAN DE LA TECNOLOGÍA
Por otro lado, la indagatoria estableció la existencia de una tercera facción: el Clan Lorenzo. Se dedicaban principalmente a importar de manera irregular artículos tecnológicos de alta gama. Esto lo hacían a través de dos empresas: Blue Express y Global Point Logistic Spa. De esta última, Vargas era representante en Chile.
Al igual que el Clan Klif, para dar una apariencia de legalidad, constituyeron diversas empresas de papel, es decir, que no existían físicamente. Estas fueron “Import Shop Spa”, “Cellphone Chile Spa” y la “Sociedad de Inversiones Alcanfor Nativo Spa”.
El pago de tributos lo eludían mediante dos técnicas distintas: ocultamiento y subvaloración, y simulación de identidad. La primera consistía en presentar a la Aduana cantidades parciales de la carga real. Para esto, ocultaban la mercancía no declarada dentro de envíos de otros clientes o utilizaban facturas adulteradas para disminuir los precios.
La segunda radicaba en que declaraban ingresar productos distintos a los que realmente traían. Por ejemplo, en una operación declararon importar “sensores inteligentes detectores de amoníaco”, cuando en realidad el pallet contenía 837 teléfonos celulares.
El clan tenía un socio clave: Cristián Lagos Sarabia, empresario que se dedicaba a la venta de productos tecnológicos, específicamente teléfonos celulares. Estos artículos los ingresaba desde el extranjero para venderlos a través de diversas empresas que mantenía junto a su familia. Con el objetivo de evadir los impuestos aduaneros, Lagos solicitaba los servicios de Lorenzo para ingresar de manera irregular las mercancías que compraba en el extranjero. Las operaciones eran realizadas a través de las empresas Blue Express y Global Point.
Por cada importación, Lagos le pagaba al clan $10 millones de pesos, según la acusación. De ese total, Lorenzo Vargas Elizalde se quedaba con $5 millones y el resto era distribuido entre los fiscalizadores de Aduana para que simularan las fiscalizaciones y permitieran la salida de la carga.
LOS MILLONES DEL CONTRABANDO
Según logró determinar la investigación de la Fiscalía, los clanes —a través de sus operaciones ilícitas— provocaron un fraude al fisco de más de $588 millones. En tanto, con respecto a las ganancias producto de esta actividad, la organización logró acumular una fortuna aproximada de $1.900 millones de pesos. En total, se detectaron 92 operaciones de contrabando por un monto superior a $2.295 millones en valor aduanero.
Una de ellas fue la operación que permitió descubrir la existencia de esta organización. Los hechos se remontan al 20 de abril de 2019. Ese día, declararon que las mercancías importadas correspondían a juguetes. Sin embargo, el contenido de los pallets distaba mucho de eso: en su interior había un cargamento masivo de iPhones de alta gama, drones, pantallas de celular y suplementos alimenticios.
El engaño se destapó luego de que la Unidad de Análisis de Riesgo detectara que el pallet tenía un perfil de riesgo por droga. Al abrirlo, se descubrió la tecnología oculta. Solo por esta operación, el Estado dejó de recibir más de $101 millones en impuestos. El valor total de lo que intentaban ingresar era de $414.213.661.
Otra de las operaciones que pasaron coladas ante los ojos de la autoridad se llevó a cabo entre 2018 y 2019. En esos años, la organización logró realizar 65 operaciones para importar mercancías extranjeras. Esto lo hicieron sin presentar ningún tipo de documentación legal. El mecanismo consistía en utilizar nombres de empresas como Ebay o Amazon en los papeles para evitar levantar sospechas. El valor de estas mercancías ascendió a $328 millones, con un perjuicio fiscal de $85 millones.
En septiembre de 2022 se configuró otra maniobra grave. Intentaron ingresar líquidos de vapeo, que requieren un registro de control sanitario obligatorio del Ministerio de Salud. La organización claramente no lo tenía, por lo que los usuarios estaban consumiendo sustancias cuya composición no había sido chequeada por ninguna autoridad. Para ocultar este artículo, declararon que traían láminas de repuesto para afeitar.
LAVADO DE ACTIVOS
Los acusados intentaron ocultar el origen ilícito del dinero a través de distintas maniobras de la misma procedencia. Constituyeron empresas de papel, adquirieron bienes de lujo, invirtieron en moneda extranjera, enviaron dinero a otras cuentas bancarias y utilizaron testaferros, entre otros movimientos.
Por ejemplo, en noviembre de 2021, el principal socio comercial del Clan Klif, Samuel Urbina, a través de su barbería, adquirió una camioneta marca Kia por un monto total de $24,1 millones. Lo hizo a través de un crédito financiado con dinero obtenido de las actividades ilícitas.
Además, entre 2018 y 2022, con el fin de hacer circular el dinero para desvincularlo de su origen ilícito, le envió al líder, Klif Chávez Santos, más de $51 millones de pesos alcanzados en un total de 37 transferencias.
En el mismo periodo, uno de los brazos operativos clave del clan, Sebastián Mancilla Acevedo —junto con quien Chávez fundó KJS LTDA— recibió 274 transferencias bancarias desde las cuentas del líder por un monto total de $165.141.827.
Con el fin de seguir encubriendo el dinero, desde la colectividad utilizaron testaferros. En septiembre de 2019, Edwin Loyola Santos inscribió a su nombre un Jeep Renegade 1.8, avaluado en $21.000.000. El vehículo fue comprado por Becxy Chávez Santos, hermana del cabecilla.
Respecto del Clan Lorenzo, precisamente su líder, Lorenzo Vargas Elizalde, adquirió tres vehículos a partir del dinero obtenido por los negocios ilícitos. Primero, en julio de 2018, compró un Kia Sportage Pro II año 2010 por $7.000.000. Al año siguiente, el acusado se hizo de un Kia Sportage 2019 avaluado en $15.000.000. Lo propio realizó en 2020: por un valor de $24.533.236, adquirió un Mazda All New CX-5 Gtx del año.
Las inversiones no se quedaron ahí. En 2021 adquirió un bien raíz en el sector “Lomas de Mirador” de Puerto Varas por un valor de 2.100 UF, equivalente a $62 millones de pesos. Además, formó tres sociedades de papel junto a su esposa, Miriam Carvajal Gutiérrez, y su cuñado, Benjamín Carvajal Gutiérrez. Esto, para dar una apariencia de legalidad y justificar los ingresos: Import Shop SPA, Cellphone Chile SPA y Sociedad de Inversiones Alcanfor Nativo SPA. Ninguna de ellas tenía existencia física ni giro comercial.
La indagatoria también constató que Vargas Elizalde registraba un total de -$1.183.832.018 en sus cuentas bancarias durante el periodo comprendido entre 2018 y 2023. En simple, los ingresos legales percibidos no le permitían cubrir sus gastos.
En la misma línea, entre esos mismos años, la Fiscalía descubrió que registró un total de $1.233.679.397 en abonos y un total de $1.229.566.278 en cargos. Los movimientos fueron realizados entre cuentas bancarias pertenecientes al líder del Clan Lorenzo en distintos bancos.
De la misma manera, el documento judicial sostiene que la esposa de Vargas Elizalde, Miriam Carvajal Gutiérrez, pagaba un monto mensual de $1.380.000 por el lugar donde residían en el sector de Pedro Fontova, ubicado en Huechuraba. Además, pagaba la colegiatura de sus hijos por un valor de $600.000 mensual. Dicha realidad no se alineaba con sus ingresos lícitos.
EMPRESAS DE PAPEL
En junio de 2019 —según da cuenta el documento judicial—, Klif Arnold Chávez Santos y Jorge Vera Vílchez proporcionaron datos falsos al momento de constituir la empresa de papel Sociedad KJS Limitada. Según la indagatoria, habrían proporcionado documentación falsa en la declaración de actividades de la entidad.
Dicha maniobra la habrían realizado para obtener autorización tributaria y así dar una apariencia de legalidad que les permitiera blanquear las mercancías que ingresaban de manera irregular al país. Con el objetivo de no alertar a la autoridad fiscalizadora, se utilizó el nombre del acusado Sebastián Mancilla Acevedo como representante legal de la sociedad.
Pese a eso, empleaba la entidad meramente como intermediario de empresas courier, sin ejercer de manera real y material las actividades que habían declarado.
DECLARACIONES DE RENTA FALSAS
Los acusados declararon ingresos mucho menores a los que realmente recibían producto de las operaciones de contrabando. Casos escandalosos son los de los líderes de los clanes Klif y Lorenzo, respectivamente.
Según el escrito, Klif Chávez Santos declaró ingresos por un monto total de $824 millones. Dicha declaración causó un perjuicio fiscal de $257 millones. Por otra parte, Lorenzo Vargas Elizalde subdeclaró ingresos por la suma de $1.061 millones, lo que provocó un defraudamiento de $316.987.469 a la hacienda pública.
Sin embargo, no solo los líderes mintieron con sus declaraciones de impuesto a la renta. La indagatoria logró identificar que fiscalizadores de Aduanas —que también formaban parte de “Columbia”— también realizaron esta maniobra defraudatoria. Funcionarios públicos como Miguel Barría Guerra, Daniel Arellano Martínez y Rodrigo Álvarez Fritz subdeclararon ingresos que van desde los $100 millones hasta los $200 millones cada uno.
A JUICIO LOS LÍDERES
En febrero pasado, el primer juzgado de Garantía de Santiago condenó mediante procedimiento abreviado a siete imputados que formaban parte de la organización “Columbia”. Los apuntados son Jorge Vera Vílchez, Luis Moscoso Moscoso, Samuel Urbina Herrera, Claudio Ripetti Millapán, Manuel Morales Estay y los exfuncionarios de Aduana, Guillermo Gutiérrez Orellana y Miriam Carvajal Gutiérrez.
En casi todos los casos, las penas de cárcel fueron sustituidas por Libertad Vigiliada Intensiva, excepto Ripetti Millapán quien cumplirá la pena sustitutiva de remisión condicional por dos años.
Los líderes de la organización, Klif Chávez Santos y Lorenzo Vargas Elizalde no aceptaron el procedimiento abreviado y su audiencia de preparación de juicio oral está fijada para el 11 de mayo del presente año. La líder del clan Alonso, María del Pilar Alonso Ibañez se encuentra cumpliendo libertad vigilada intensiva desde el 2024.
En conversación con esta Unidad de Investigación, el abogado Farid Mobarec —quien asumió la defensa del líder del Clan Klif junto al jurista Tomás Deutelmoser— sostiene que la medida cautelar que se interpuso a su representado es excesiva y espera que el Ministerio Público pueda establecer una sentencia justa para Chávez.
“Nuestro representado estuvo de manera excesiva en prisión preventiva. Lamentablemente, el Ministerio Público de nuevo formaliza por hechos y delitos que no son competentes al asunto en fondo, por fraude al fisco cuando ni mi representado, como otros, son siquiera funcionarios públicos”, profiere el letrado.
Bío Bío Investiga también intentó comunicarse con Matías Mundaca, quien hasta hace poco figuraba como el defensor privado de Vargas Elizalde. Sin embargo, no fue posible contactarlo, ya que el tribunal declaró formalmente el abandono de la defensa porque Mundaca no se presentó a la audiencia de febrero.
Por su parte, desde el Servicio Nacional de Aduanas —en contacto con este medio— reconocen los hechos y sostienen que se trató de una investigación extensa, compleja y persistente, que contó con el trabajo riguroso de trabajadores del Servicio que realizaron análisis exhaustivos y prestaron declaraciones incluso cuando ello implicaba revisar las actuaciones fiscalizadoras de integrantes de la propia institución.
“Desde el momento en que se detectaron actuaciones que daban cuenta de posibles irregularidades en el ingreso de mercancías extranjeras sin pago de impuestos, el Servicio activó sus mecanismos de control interno y puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público y las policías especializadas en lavado de activos, prestando colaboración en todo el proceso investigativo”, sostienen desde el organismo.
Asimismo, destacan que más allá de las condenas obtenidas en este juicio abreviado, las denuncias reservadas y querellas presentadas durante la indagatoria involucran a otros cinco exfuncionarios de aduanas, además de otras personas que formaban parte de esta red ilícita transnacional como importadores y empleados de las empresas courier, una de ellas cancelada de forma definitiva.
A pesar de esta situación, en el Servicio destacan que este tipo de acciones no son frecuentes al interior de la institución y trabajarán para reducir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir.
“Aduanas reafirma que este tipo de conductas son aisladas y contrarias a los principios de probidad y servicio público que guían el trabajo de la institución. Por lo mismo, seguiremos adoptando todas las medidas necesarias para prevenir, detectar, denunciar, perseguir y sancionar cualquier actuación que se aparte de la ley y de los estándares que exige la función pública, tanto de sus funcionarios como de los auxiliares de la función aduanera”, esgrimen desde la institución.
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