El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) encontró determinados riesgos en los mecanismos que propuso el Gobierno para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU). Desde La Moneda esperan que el costo del proyecto alcance el 0,95% del PIB, superando los 3 mil millones de dólares, con una proyección de gasto hecha al año 2050. El CFA recomienda considerar un horizonte de tiempo mayor y asegurar ingresos permanentes, entre otros planteamientos.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió un informe al Congreso este jueves, en el que aborda el financiamiento del proyecto del Ejecutivo que busca establecer una Pensión Garantizada Universal (PGU).

En el documento, se analizan los tres mecanismos que propuso el Gobierno para esta reforma: reducir y eliminar exenciones tributarias; provisión para mayores gastos previsionales en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera 2023-2026; y reducción del aporte obligatorio que anualmente debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) en 0,1% del PIB.

Desde La Moneda esperan que el costo del proyecto alcance el 0,95% del PIB, superando los 3 mil millones de dólares, con una proyección de gasto hecha al año 2050.

En relación a esto, el Consejo Fiscal sugiere, en línea con recomendaciones internacionales, que “dicho ejercicio considere un horizonte mayor (por ejemplo, de al menos 50 años), de forma tal de apreciar en plenitud el efecto de la transición demográfica en el sistema”.

Asimismo, hace referencia la importancia de contar con “escenarios alternativos que consideren la incertidumbre y en que las prestaciones crezcan, por ejemplo, a la par de los salarios reales”.

En definitiva, el CFA concluyó que lo “prudente” es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen, con el objetivo de financiar de manera sostenible la Pensión Garantizada Universal.

Principales sugerencias del Consejo Fiscal

En primer lugar, el organismo evaluó la reducción y eliminación de las exenciones tributarias. En ese sentido, advierte sobre la fecha de entrada en vigencia de esos cambios, ya que los ingresos que provendrían de esa fuente dependen de la aprobación de un proyecto separado del que crea la PGU.

Por ello, sugiere buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU.

En segundo término, sobre la provisión para mayores gastos previsionales en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera 2023-2026, el CFA identifica “una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento”.

“Plantea que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural”, explica.

Finalmente, en cuanto a la disminución del aporte mínimo obligatorio que debe realizarse anualmente al FRP -que pasaría de 0,2% a 0,1% del PIB-, el CFA asevera que “implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros, para destinarla a gasto corriente en pensiones”.

En conclusión, el Consejo Fisca sugiere reemplazar este mecanismo por otra fuente de financiamiento con características permanentes.