La comisión de Hacienda de la Cámara despachó el proyecto de exenciones tributarias para financiar la PGU, incluyendo el impuesto a los denominados "súper ricos". En ese sentido, el Gobierno presentó reserva de constitucionalidad, mientras que la oposición acusa al Ejecutivo de no abrirse al diálogo para evaluar nuevas propuestas. Ahora, las gestiones del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerca, se enfocarán en el Senado.
Aprobando dos indicaciones de la oposición, incluyendo el impuesto a los llamados “súper ricos”, la comisión de Hacienda de la Cámara despachó a Sala el proyecto de exenciones tributarias, que financia la Pensión Garantizada Universal (PGU).
A partir de esto, el Gobierno presentó reserva de constitucionalidad y el oficialismo acusó a la oposición de “torpedear” la iniciativa.
Corría ya una hora de discusión en la comisión de Hacienda y su presidente, Pablo Lorenzini (ex DC), señaló que de todas las propuestas de la oposición había sólo un par que eran admisibles.
Antes de eso, ya se habían rechazado la mayoría de las propuestas de Apruebo Dignidad y el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ya había explicado que casi todas estas indicaciones no recaudaban lo suficiente o eran inconstitucionales.
Fue en ese momento que Lorenzini dio el voto clave para que fuera admisible, y además se aprobara, la indicación que no cambiaba exenciones ni las ampliaba, sino que derechamente creaba un impuesto: aplicable a los denominados “súper ricos”.
El jefe de bancada del Partido Socialista, Marcelo Schilling, explicó que es una carga tributaria a las rentas más altas por sobre los 5 millones de dólares, al 31 de diciembre de cada año.
El legislador desdramatizó el avance del cambio y dijo que se dio, en parte, porque el Gobierno no hizo mayores comentarios sobre lo que la oposición puso sobre la mesa.
Oficialismo acusa “torpedeo” de la oposición
La palabra “torpedear” se escuchó decenas de ocasiones en la comisión. Desde el oficialismo y el Gobierno advirtieron que no sólo hay dos reservas de constitucionalidad confirmadas en este escenario, sino que es casi inminente que, si se aprueba así, irán al Tribunal Constitucional (TC).
Desde la centroderecha creen que la oposición no quiere hacer cambios al informe financiero. Al contrario, dicen que sólo retrasan el proceso para que no sea Sebastián Piñera quien firme la iniciativa.
Guillermo Ramírez (UDI) lamentó que nuevamente la oposición llegara con ideas que serían inconstitucionales.
El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, criticó duramente al Gobierno por no allanarse a dialogar y aceptar propuestas, pese a que el Ejecutivo ha dicho públicamente que siguen abiertos a la conversación.
Gestiones del Ejecutivo ante el Senado
Rodrigo Cerda tardó cerca de 20 minutos en salir de la comisión de Hacienda y se le pudo ver conversando con Pablo Lorenzini, quien había votado todo en conjunto con el oficialismos hasta que visó el impuesto a los súper ricos.
El secretario de Estado afirmó que la aprobación de esta propuesta es un “retroceso” y que pasarán a conversar con el Senado.
Ese diálogo del que habla Cerda ya comenzó. El despliegue del Gobierno será total en la Cámara Alta para dialogar con las comisiones del Trabajo y Hacienda, presididas por las senadoras demócratacristianas Carolina Goic y Ximena Rincón, respectivamente.
Goic contó que el Ejecutivo le aseguró que se votará en la Sala de la Cámara Baja el informe financiero el lunes y le quitó piso a la idea de que van a legislar apurados.
Voces del Gobierno manejan varias teorías, pero creen que aquí hay una disputa entre dos gobiernos: el que entra y el que sale. Sólo así se explican que Apruebo Dignidad insista en que no hay financiamiento y que trate de abultar los recursos permanentes de la operación.
En el Senado, fusionar los proyectos es una idea que está en análisis y no es tan seguro que vayan a insistir en ese camino. A lo menos, Hacienda y Trabajo trabajarán coordinadas la próxima semana y existe un consenso general de que, sí o sí, habrá indicaciones a la PGU.
