Hernán Larraín, ministro de Justicia, asistió a la comisión de la Cámara que investiga explotación sexual a menores bajo protección del Estado. En ese sentido, el secretario de Estado apuntó al Ministerio Público y señaló que se instruyen pocas diligencias después de ingresar las respectivas renuncias.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, expuso en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los abusos sexuales cometidos contra menores bajo la protección del Estado.
El secretario de Estado afirmó que, entre los mayores problemas, está la falta de comprensión y visualización del fenómeno. A ello se suma que, en muchas ocasiones, el niño, niña o adolescente no se percibe como víctima, debido al engaño del que es objeto.
Además, señaló que se registran otros factores, como la oportunidad de las denuncias y la cultura adultocéntrica que exige a la víctima acreditar el relato.
En ese sentido, Larraín apuntó al Ministerio Público y señaló que es urgente mejorar las técnicas de investigación. Ello, porque tras las denuncias se instruyen pocas diligencias o estas se dictan de forma tardía.
A manera de ejemplo, explicó que el programa “Mi abogado” ha interpuesto 70 querellas. Sin embargo, sólo hay 9 personas formalizadas, todos pertenecientes a la misma red, vale decir, son del mismo caso.
En esa línea, las y los diputados Maite Orsini, Érika Olivera y Jaime Tohá concordaron con el diagnostico, cuestionando la efectividad del trabajo investigativo.
El ministro reconoció que existe un problema, así como falta de resultados de la mesa de trabajo creada para este efecto. “Hay casos en los que entregamos la información, pero no sabemos qué pasó con eso (…), en general, no hay respuesta y la impotencia para nosotros es muy grande”, puntualizó.
En la sesión, también participó la vicepresidenta asociación de magistrados, Verónica Vymazal, que indicó que no se puede desconocer la existencia de una crisis, derivada de un sistema que ha sido incapaz de abordar esta problemática.
Vymazal planteó que esto se traduce en graves hechos que causan desprotección y vulneran los derechos de niños niñas y adolescentes.
Igualmente, intervino el juez de familia de Arica, Luis Jorquera, quien se refirió a la institucionalidad vigente. Sostuvo que las falencias están en cómo esta última se conjuga con el bienestar de los menores.
