Organizaciones gremiales y sindicales del sector educacional pidieron al Gobierno suspender la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública y postergar el traspaso de los próximos 15 servicios locales, programado para enero de 2022. Desde el Colegio de Profesoras y Profesores señalaron que los problemas de la municipalización se están trasladando al nuevo sistema, mientras en el Congreso existen dos proyectos que buscan aplazar la instalación de los restantes 70 servicios locales de educación.

Hace tres meses que el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública entregó al presidente Sebastián Piñera, el informe intermedio con la puesta en marcha de los primeros 11 servicios locales de educación; sin un acuerdo sobre, si mantener o postergar, el calendario de implementación que fija la ley y cuya decisión está en manos del secretario de Estado.

En este escenario, diversas organizaciones de trabajadores de la educación pidieron al gobierno suspender la implementación de la ley de Nueva Educación Pública, postergando el traspaso de los próximos 15 servicios locales que fija la normativa para enero de 2022.

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Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, sostuvo que al nuevo sistema también se le han traspasando los problemas de la municipalización, por lo que es necesario volver a repensar la educación pública, apuntando al proceso constituyente.

Entre las problemáticas que destacó el informe del consejo asesor para una adecuada instalación de los servicios locales, se señala la mala gestión de los Municipios en los traspasos de los bienes inmuebles, recursos financieros como del personal.

Michael Humaña, presidente de la Confederación Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró que desde 2020 se viene solicitando la suspensión de la Ley, agregando que además de los despidos asociados al traspaso, éstos se siguen realizando a pesar de las deudas de arrastre de los municipios.

La presidenta de la Confederación de Jardines VTF, Clarisa Seco, señaló que el traspaso ha sido tremendamente precario en los jardines infantiles, apuntando al desfinanciamiento que implica el pago de subvención por asistencia y los despidos que ha implicado la desmunicipalización.

A la fecha, se han presentado dos proyectos de ley para modificar el calendario de implementación de los restantes 70 servicios locales en dos años y otro que busca suspender, por igual tiempo, la atribución presidencial de fijar las fechas de su instalación.