Chile tiene una oportunidad histórica: demostrar que los principios no están sujetos al vaivén del péndulo electoral. Que la justicia no depende de quién gane una elección. Que la dignidad humana no es negociable. Y que la defensa del derecho internacional es, ante todo, una responsabilidad moral de los países que aún creen en la democracia.
El jueves pasado, durante el tradicional encendido del árbol de Navidad en el Club Palestino, el presidente de la Comunidad Palestina de Chile hizo algo que en nuestro país se ha vuelto cada vez más inusual, un llamado directo, ético y políticamente explícito a quienes aspiran a gobernarnos. No se trató de un acto ceremonial ni de un gesto de cortesía diplomática. Fue una exhortación necesaria, urgente y profundamente alineada con el momento histórico que vivimos.
En pocas semanas Chile elegirá a su próxima o próximo Presidente de la República.
Y esta elección ocurre en un momento en que el mundo entero observa, con una mezcla de horror, impotencia y desconcierto, el genocidio más documentado de la historia moderna, más de setenta mil palestinos asesinados, transmisiones en vivo de crímenes atroces y una comunidad internacional que se quiebra entre la parálisis y la complicidad.
Hoy, la gran pregunta que atraviesa cancillerías, universidades, cortes internacionales y movimientos sociales es simple y brutal ¿sigue existiendo el derecho internacional? ¿O estamos asistiendo a su colapso?
El genocidio perpetrado por el gobierno israelí ha puesto en jaque la arquitectura jurídica construida tras la Segunda Guerra Mundial. Esa arquitectura, que nació precisamente para evitar que la humanidad viviera otra vez lo que vio en Auschwitz, Hiroshima y Nankín, se basa en un principio fundamental: ningún Estado está por encima de la ley.
Y, sin embargo, en Palestina ese principio se está desmoronando a la vista de todos.
Por eso la exhortación del presidente de la Comunidad Palestina de Chile no fue un mensaje identitario ni comunitario, fue una interpelación republicana. Un recordatorio de que, en tiempos de crisis moral global, los países deben volver a sus principios, no alejarse de ellos.
Chile, y esto no es un lugar común, tiene una tradición que no puede darse el lujo de abandonar. La defensa del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, de la autodeterminación de los pueblos y de los derechos humanos no es un gesto ideológico, es la columna vertebral de nuestra diplomacia, la base de nuestra democracia y la credibilidad de nuestra voz en el mundo.
Pero vivimos un tiempo político peligroso. Un tiempo en que el péndulo electoral oscila cada vez más violentamente entre polos que no reconocen matices ni puntos intermedios. Un tiempo en que los principios parecen quedar subordinados a las encuestas, a la emocionalidad inmediata y al cálculo electoral.
Un tiempo en que el riesgo de que “todo sea opinable” puede arrasar con los consensos éticos más elementales.
Por eso el llamado del jueves fue tan relevante. Se exhortó a quien gane la próxima elección presidencial a mantener la postura histórica de Chile no solo sobre Palestina sino que sobre su participación en el concierto internacional. No como un gesto de solidaridad lejana, sino como un acto de coherencia con la identidad internacional del país.
Porque hoy es Palestina, sí. Pero mañana puede ser cualquier otro pueblo. Cualquier otra comunidad bombardeada o expulsada, cuyos derechos dependan de que el mundo siga creyendo en reglas comunes.
Cuando un país del Sur Global, como Chile, renuncia a defender el derecho internacional, no renuncia solo a Palestina: renuncia a sí mismo. Renuncia a la única herramienta que igualdad a los Estados grandes y pequeños, poderosos y vulnerables. Renuncia al mismo principio que protege a sus ciudadanos en el extranjero, a sus fronteras, a su estabilidad y a su democracia.
Por eso la exhortación del presidente de la Comunidad Palestina debe ser entendida en su verdadero alcance, no fue un mensaje de una colectividad a un gobierno, sino un recordatorio de que las reglas que el mundo se impuso tras la Segunda Guerra Mundial no pueden abandonarse justo cuando más se necesitan.
Chile tiene una oportunidad histórica: demostrar que los principios no están sujetos al vaivén del péndulo electoral. Que la justicia no depende de quién gane una elección. Que la dignidad humana no es negociable. Y que la defensa del derecho internacional es, ante todo, una responsabilidad moral de los países que aún creen en la democracia.
La exhortación ya se hizo. Ahora le corresponde a Chile, al Chile que hemos sido y al que queremos seguir siendo, responder a la altura de su historia.
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