La masificación de las comunicaciones y el auge del comercio informal

Hace tres décadas, cuando alguien conocía a una persona que elaboraba tortas o empanadas y solicitaba su contacto, el número de teléfono se compartía con dos o tres personas como máximo. En esa época, el comercio informal era un fenómeno muy acotado, con una incidencia menor en la evasión tributaria del país. Sin olvidar que, además, existía un control considerable sobre los comerciantes y negocios de barrio, mediante herramientas como clausuras, controles o concursos que incentivaban la emisión de boletas.

Sin embargo, en los últimos años, la irrupción de internet y las redes sociales ha masificado la comunicación global. Lo que, si bien, ha representado un avance sin precedentes, también ha traído consigo un grave problema: la enorme expansión del comercio informal a nivel mundial.

Hoy en día, (y siguiendo el ejemplo anterior) basta con buscar palabras como “empanadas” o “tortas” en plataformas digitales para encontrar cientos o miles de ofertas de venta que, en gran medida, operan al margen de las normativas sanitarias, laborales y tributarias, lo que ocasiona claramente además una “competencia desleal” al evadir normas que otros si cumplen y compiten con ellas a cuestas.

Esta informalidad desatada ha generado niveles de evasión tributaria superiores al 35%, una situación que parece estar fuera de control.

El problema se ha agravado con la aparición de plataformas digitales como Uber o Airbnb, que, al operar bajo modelos globales, han fomentado directa e indirectamente el comercio informal a escala mundial.

Malos diagnósticos generan soluciones erróneas

Estos desafíos han sido manejados de manera deficiente por los últimos gobiernos en Chile y el mundo, debido -principalmente- a un diagnóstico equivocado del problema, lo que ha derivado en soluciones incorrectas y poco precisas para abordar su real magnitud. En Chile, un claro ejemplo de lo anterior fue la creación de una ley específica para aplicaciones de transporte de pasajeros “tipo Uber”.

Esta medida no era necesaria, ya que Chile era uno de los países que contaba con una regulación integral para el transporte público de pasajeros en el Decreto 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que norma taxis básicos, de turismo, ejecutivos, entre otros.

La solución más simple y eficaz habría sido, en primer lugar, liberalizar los parques de taxis (que no deberían permanecer cerrados) y con esto las aplicaciones podrían utilizar móviles que cumplan la Ley, y, si se deseaba mayor precisión, agregar una categoría como “e-Taxi” al Decreto 212, de esta manera sometiendo a todos los actores a las mismas exigencias legales.

Al fin y al cabo, estas aplicaciones son, en esencia, un servicio moderno de radio-taxi a través de internet. Por otra parte, debió exigirse a estas plataformas que se instalaran legalmente en Chile y cumplieran con toda la legislación nacional, sin necesidad de otorgarles una ley especial.

Este error de enfoque explica, en parte, las dificultades para sacar adelante el reglamento de la ley de aplicaciones, ya que no puede ser contradictorio con el reglamento del Decreto 212.

El caso de Airbnb es otro ejemplo claro del problema generado por la masificación de las comunicaciones. Esta plataforma compite deslealmente con los hostales formales al ofrecer alojamiento en casas particulares, sin cumplir con normas de seguridad, salud, municipales ni tributarias. Además, la misma aplicación evade impuestos, lo que distorsiona la competencia leal.

En resumen, el diagnóstico incorrecto no solo no resolvió el problema original, sino que generó complicaciones adicionales. A esto se suma que hoy es posible adquirir prácticamente cualquier producto a través de plataformas como Facebook, sin garantías sanitarias, sin control alguno y sin pagar los impuestos correspondientes.

Resulta urgente y necesario adaptar el Estado a la modernidad, a los nuevos medios y sistemas de comunicación que han transformado todos los paradigmas tradicionales.

Una modernización normativa, basada en análisis correctos y controles eficaces, permitiría integrar estas nuevas realidades económicas al sistema formal. Esto, a su vez, se traduciría en un aumento significativo de la recaudación tributaria y, a la larga, en la posibilidad de reducir la carga impositiva para todos.

En resumen el objetivo debe ser regular con inteligencia, protegiendo tanto a los consumidores como a la competitividad leal, sin sofocar la innovación, pero exigiendo equidad y responsabilidad.