En un país donde más de cinco millones de personas viven en condominios, avanzar hacia una convivencia respetuosa no es opcional: es una necesidad social.

La convivencia en los condominios del país vive un momento de transformación profunda. La actualización obligatoria de los reglamentos de copropiedad —que deben adecuarse antes del 9 de enero de 2026— no solo responde a un cumplimiento normativo. También abre la puerta a una conversación mayor: cómo queremos vivir juntos en comunidades donde los espacios compartidos se han vuelto parte fundamental de la vida cotidiana.

En esa línea, la reciente iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que entrega orientaciones sobre tenencia responsable de mascotas en condominios, es más que una actividad informativa. Es un recordatorio de que la armonía comunitaria depende tanto de las reglas como de la voluntad de quienes las habitan. No basta con actualizar documentos; se requiere una cultura de corresponsabilidad para que esas normas se traduzcan en prácticas reales.

La tenencia de mascotas, que ha crecido de manera significativa en Chile, es un buen ejemplo de ello. La libertad de tener animales de compañía en una vivienda particular —un derecho que ninguna comunidad puede restringir de forma arbitraria— convive con obligaciones que deben estar claramente definidas y comprendidas. Supervisión adecuada, control en los espacios comunes, prevención de daños a terceros y condiciones de bienestar animal son aspectos que no pueden quedar entregados solo al buen criterio individual. Deben formar parte de un reglamento claro, conocido y respetado por todos.

Como hemos visto en cientos de comunidades a lo largo del país, los conflictos no suelen surgir por la existencia de mascotas, sino por la ausencia de reglas transparentes o por la falta de mecanismos eficaces para hacerlas cumplir. Un reglamento bien aplicado no solo reduce fricciones: crea un marco de seguridad y previsibilidad que beneficia a residentes, administradores y comités de administración.

Por eso, el llamado del Minvu a que los copropietarios participen activamente en este proceso es especialmente relevante. La copropiedad no puede seguir concibiéndose como un asunto que solo compete a las administraciones; es un ecosistema donde cada actor tiene un rol que cumplir. La participación, el respeto de los acuerdos y el conocimiento de las responsabilidades individuales son claves para que la convivencia sea sostenible en el tiempo.

La fecha límite del 9 de enero de 2026 podría interpretarse como una presión administrativa. Pero también puede convertirse en un punto de inflexión. Actualizar los reglamentos no es solo cumplir la ley: es la oportunidad de construir comunidades más seguras, más armónicas y más conscientes de su entorno. Una comunidad donde las normas se conocen, se dialogan y se respetan es una comunidad que se cuida a sí misma.

Las mascotas forman parte de esa ecuación. Para muchas familias, son compañía, afecto y estabilidad emocional. Integrarlas de manera responsable al espacio común es un desafío que requiere empatía, organización y una mirada colectiva. Y si ese ejercicio se realiza de manera participativa, puede transformar positivamente la forma en que nos relacionamos con nuestros vecinos y con los espacios que compartimos.

En un país donde más de cinco millones de personas viven en condominios, avanzar hacia una convivencia respetuosa no es opcional: es una necesidad social.

La iniciativa del Minvu va en esa dirección y abre la puerta a un trabajo conjunto entre instituciones públicas, comunidades y gestores de administración. Aprovechemos esta instancia no solo para actualizar reglamentos, sino para actualizar también nuestra manera de convivir.

Diego Hernández
Gerente general de Edifito

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