Se trata del actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general Enrique Bassaletti, quien al momento de los hechos cumplía funciones como jefe de la Zona Metropolitana Este. La misma sanción del órgano fiscalizador fue propuesta para el actual subdirector de la entidad, general inspector Mauricio Rodríguez. Se suma el general en retiro Jorge Ávila, entonces jefe de la zona de Control de Orden Público. La decisión de aplicar el castigo más grave después de la destitución, está en manos del jefe institucional, general Ricardo Yáñez. Cualquier resolución que adopte este último debe ser refrendada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a través de un decreto supremo. En otras palabras, se convertirá en un problema político.

La Contraloría General de la República (CGR) propuso al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, la suspensión de dos generales en servicio activo que desempeñaron funciones directas durante el estallido social de finales de 2019.

Se trata del actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general Enrique Bassaletti, quien al momento de los hechos cumplía funciones como jefe de la Zona Metropolitana Este.

La misma sanción del órgano de control fue propuesta para el actual subdirector de la entidad, general inspector Mauricio Rodríguez. Se suma el general en retiro Jorge Ávila, entonces jefe de la zona de Control de Orden Público.

La notificación de las propuestas disciplinarias deben ser resueltas íntegramente por el general Yáñez y refrendadas -ya sea en favor o en contra- por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), a través de un decreto supremo.

Esta proposición formulada por el organismo contralor es inédita en materia disciplinaria y es la segunda más alta aplicada por el estatuto administrativo. La primera es la destitución.

Hay que recordar que el sumario de formulación de cargos instruido por la Contraloría -revelado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío en septiembre de 2020- buscaba dilucidar eventuales responsabilidades funcionarias de los altos mandos de la policía uniformada por los procedimientos ocurridos desde 18 de octubre en adelante en las calles de Chile.

Los casos indagados durante el sumario refieren al uso de gases antidisturbios en las inmediaciones de centros asistenciales de salud, entre el 4 y 11 de noviembre de 2019. Se trata de los hospitales Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel, y Gustavo Fricke, en Valparaíso. También se incluyó la Clínica Santa María, en Providencia.

Según supo este medio, existe una prohibición expresa en el reglamento de la policía uniformada de usar este tipo de gases disuasivos cerca centros asistenciales.

Al respecto, la responsabilidad acreditada en la investigación administrativa apunta a los generales Bassaletti, Rodríguez y el retirado Jorge Ávila. Todos ellos, según la investigación, no adoptaron medida alguna para corregir estas prácticas policiales de orden público.

Hubo otros aspectos analizados por el sumario. Puntualmente el uso de escopetas antidisturbios. Estas últimas, entre el 18 de octubre y fines de diciembre, fueron cargadas y disparadas con munición que contenía plomo, pese a que estaba expresamente prohibido -incluso- en un informe interno preparado por la misma institución.

Solo el 27 de noviembre de 2019, se prohibió el uso de esta munición que puede provocar incluso graves enfermedades, ya que en no pocas ocasiones el balín queda alojado en el cuerpo y los médicos podrían recomendar no retirarlo.

La Contraloría, en tanto, absolvió al general Jorge Valenzuela Hernández, quien fungió en medio del estallido como director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales. Igual determinación se adoptó en favor del director de Logística del momento, general Jean Camus. Lo anterior, porque a través de sus declaraciones y documentos se acreditó que ejecutaron medidas para corregir su conducta.

Junto a los anteriores también fue absuelto el exjefe de la Zona Metropolitana Oeste, general Enrique Monrás.

De acuerdo a los datos recabados por este medio, Monrás suspendió a un funcionario activo, por el uso indebido de municiones, iniciándole una investigación administrativa.

Por medio de un comunicado de prensa, Carabineros indicó que el general director Ricardo Martínez recibirá los antecedentes del sumario para analizarlos.

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