La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) deberá reintegrar a una agente de la Unidad de Contraterrorismo, luego que fuera despedida en mayo pasado por orden del director del organismo, contralmirante (r) Gustavo Jordán.
De esta manera el tribunal de alzada capitalino falló en favor de la profesional un recurso de protección que reclamaba una vulneración a sus derechos constitucionales, tal como lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Básicamente, el dictamen establece que la sola reestructuración del espionaje civil no es argumento suficiente para finalizar la contrata de la cientista política.
La Corte arguyó además que la ANI no puso en conocimiento de la judicatura los documentos que fundaban la resolución, incumpliendo de esta manera un requisito mínimo para que los ministros integrantes de la sala llegaran a “cierto grado de certeza” para resolver.
“En efecto, la sola circunstancia de tratarse de materias que afectan la seguridad nacional, no puede ser un obstáculo para que la Corte tome conocimiento de los antecedentes que dan razón de la resolución exenta impugnada a fin de poder establecer con cierto grado de certeza si se cumplió o no por la Institución recurrida con la legalidad vigente (…)”, establece el fallo.
La salida de la funcionaria se produjo en mayo pasado, luego que se iniciara un sumario administrativo. Este último se basó en un hecho rayano en el bullying escolar, luego que la mujer discutiera con otro agente, quien le robó la comida que guardaba en el refrigerador. La pelea fue grabada por el exPDI, quien instaló su teléfono celular sin que la afectada se percatara.
La desvinculación de la analista, aseguró la ANI en su respuesta al recurso, se debió al proceso de reestructuración que desde noviembre de 2019 inició el titular del organismo, donde ha contratado a una serie de exfuncionarios de la Marina. Entre ellos un compañero de curso en la Escuela Naval que no cumplía los requisitos para ocupar el cargo de agente coordinador en Punta Arenas.
Los cambios, que debieran tener la calidad de secretos, fueron expuestos en su totalidad en el informe que la ANI evacuó al tribunal de alzada.
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En él se establece un marcado énfasis en la “ciberinteligencia”, en otras palabras, el mapeo de las fuentes abiertas de la Internet, entre ellas las redes sociales, aspecto que ha sido altamente criticado transversalmente, incluso contra el director anterior, el abogado Luis Masferrer. Este último presentó su renuncia en noviembre de 2019, ya que -entre otros aspectos- no habría adelantado el estallido social, pese a que presentó diez días antes un pormenorizado análisis dando cuenta de lo que ocurriría.
Por lo pronto, la modernización de la Ley de Inteligencia que data de 2004 y que no entrega labores operativas a la ANI, se tramita en el Senado, sin que exista una fecha aproximada para su aprobación.
El cuerpo legal no ha generado aún el consenso y parte de los cuestionamientos apuntan a la eventual falta de control que tendrían las acciones del servicio. Entre ellos el acceso a datos personales sin que necesariamente pasen por la autorización de un ministro de corte.
El recurso de protección que ganó la aún exfuncionaria será apelado a la Corte Suprema por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien representa a la ANI frente a los tribunales de justicia.
