El informe de la ANI que advirtió diez días antes evasiones en el Metro y llamados al "sabotaje"

Así comenzó. El 8 de octubre de 2019 -a última hora de la tarde-, un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) llegó hasta las oficinas centrales del Metro de Santiago. Preguntó si estaba el presidente del directorio, Louis de Grange, porque debía entregarle un documento clasificado. Sin embargo, Darío Araya, empleado de la empresa estatal, indicó que no se encontraba, que se había retirado.

El mismo agente y el mismo día, siguió hasta la oficina de la ministra de Transportes, Gloria Hutt. Son las 19.59 pm, pero tampoco había nadie que lo recibiera. Hubo que esperar al día siguiente.

El 9 de octubre a las 8.40 am, otro empleado del servicio de informaciones volvió a la cartera. Allí la funcionaria Soledad Moreno recibió el documento. En el Metro, en tanto, hizo lo propio Héctor Zamora a las 09.00 am. En todos los papeles los timbres institucionales quedaron estampados.

De acuerdo a las fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el informe exponía revisiones a distintos sitios web y cuentas de instagram, algunas anarquistas y otras estudiantiles que -desde el 4 de octubre- llamaban a evasiones masivas en el Metro de Santiago. En otras palabras -y como se conoce en la jerga de inteligencia- un mapeo de “fuentes abiertas”.

La ANI destacaba interacciones digitales de alumnos del Instituto Nacional que llamaban a ejecutar acciones entre el 8 y el 11 del mismo mes. Otras páginas en internet incitaban a un “llamado de solidaridad” y generar un “noviembre negro”.

El análisis proyectivo indicaba la existencia de un colchón político, a raíz de la organización creada por la Mesa de Unidad Social, que podría derivar en “acciones más allá de la evasión”, donde podían unirse grupos de encapuchados.

La conclusión era clara: “Se sugiere elevar las medidas de seguridad”, ya que existía una alta probabilidad de “acciones espontáneas de evasión”.

El contexto en que se entregó el informe, era preciso. El 4 de octubre el Ministerio de Transportes dio a conocer un alza del valor de pasajes en 30 pesos en el Metro, buses, y Tren Central en las 32 comunas de la provincia de Santiago que incluía a San Bernardo y Puente Alto. La subida de tarifas comenzaría a operar el 6 de octubre.

Tal como decía el informe preparado por la ANI, el 11 de octubre alumnos del Instituto Nacional, en medio de cánticos contra el gobierno de Sebastián Piñera y un alto grado de organización, iniciaron la evasión en la Estación Santa Ana. “Semana de evasión, agitación y sabotaje”, fue la consigna que circuló entonces por las redes sociales.

El 14 de octubre unas 300 pupilas -en su mayoría del Liceo 7 de Providencia- hicieron lo propio en el Metro Pedro de Valdivia. “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”, era el cántico. Lo que en un principio parecía una arenga estudiantil -incluso llamativa- cambiaría en poco más de 96 horas.

La historia es conocida. El 18 de octubre todo escaló a un sabotaje real como expresión del movimiento social -que desde diez días antes- venía calentando el ambiente.

El resultado, ese mismo día, fue revelador: 77 estaciones con daños. De ellas 20 quemadas por completo. No hubo fuerza pública que pudiera detener el estallido social y las terminales que resultaron afectadas carecían de seguridad. El 20 de octubre, el total sumaba 80 de las 136 existentes. La acción del Estado se vio superada por completo, sin contar saqueos.

Las fuentes consultadas por este medio, indicaron que ni el Metro ni Transportes dieron importancia a las palabras de la ANI.

Consultados tanto la cartera como la empresa estatal, declinaron entregar una opinión.

Diferencias insalvables

En medio del estallido la pugna entre la ANI y Defensa -secundado por las Fuerzas Armadas y la tesis del enemigo externo- se imponía con la existencia de agentes venezolanos apoyando, azuzando y financiando el estallido social.

La postura del entonces director de la agencia, Luis Masferrer, fue contraria a la antes mencionada. Y esto porque distintos departamentos del organismo realizaron análisis y las policías hicieron seguimientos a los venezolanos avecindados en Chile que tenían “un pasado”. Entre ellos un exmilitar y algunos ciudadanos de ese país que ingresaron a Chile. La conclusión fue clara para la ANI: la intervención extranjera no era real.

De esta manera, la tesis del adversario transnacional ganó el gallito. El 15 de noviembre de 2019 Masferrer puso su cargo a disposición del Jefe de Estado, que el mismo día designó al marino (r) -y con un paso fugaz por el espionaje de la Armada-, Gustavo Jordan.

El informe del servicio de inteligencia civil cobra relevancia, luego que el Presidente Sebastián Piñera dijera el viernes pasado que se enteró el mismo 18 octubre de la quema de estaciones. Suena lógico, porque los primeros incendios ocurrieron ese día, pero los datos que adelantaban el estallido durmieron el sueño de los justos. Los secretos no duran para siempre.