El costo de ser madre en Chile

En Chile, ser madre todavía tiene un costo. Se paga en oportunidades laborales, en sospechas sobre el compromiso profesional, en ascensos que se postergan, en empleos que nunca llegan y en una carga de cuidados que sigue descansando, principalmente, sobre las mujeres.

Hace pocas semanas nació Zakim, mi hijo, y hoy escribo esta columna desde mi postnatal. Lo hago desde una experiencia personal que me ha permitido constatar algo que muchas mujeres conocen hace años: la maternidad sigue obligándonos a demostrar que podemos cuidar y trabajar al mismo tiempo, como si tener un hijo pusiera en duda nuestras capacidades o nuestra responsabilidad.

A veces esa presión viene de las jefaturas o de colegas hombres. Otras veces, incluso, de mujeres que han debido adaptarse durante años a una cultura laboral que castiga la maternidad y que, sin quererlo, terminan reproduciendo esas mismas exigencias sobre otras.

El problema, por supuesto, no es individual. Está en la forma en que hemos organizado el trabajo, los cuidados y también nuestra legislación.

La mejor demostración está en el artículo 203 del Código del Trabajo, que actualmente obliga a otorgar sala cuna a las empresas que tienen veinte o más trabajadoras. Una norma creada para proteger terminó instalando un incentivo equivocado: asociar el costo del cuidado exclusivamente a la contratación femenina. En la práctica, una política destinada a apoyar la maternidad puede terminar convirtiéndose en una barrera para contratar mujeres.

La discriminación tampoco termina cuando existe un contrato de trabajo. Están los comentarios sobre el supuesto menor compromiso de una madre, las responsabilidades que cambian durante una licencia, las miradas cuando una mujer debe ausentarse para cuidar a un hijo enfermo y esa idea persistente de que el cuidado constituye un problema privado que ella debe resolver sin incomodar demasiado al mundo laboral.

Podemos tener fuero, permisos y normas de protección. Son indispensables. Pero ninguna ley será suficiente mientras sigamos considerando la maternidad como una interrupción de la vida productiva y la crianza como una responsabilidad casi exclusiva de las mujeres.

Por eso la discusión sobre Sala Cuna Universal es mucho más profunda que una reforma laboral. El proyecto que acaba de ser despachado por el Senado a la Cámara busca terminar con la barrera de las veinte trabajadoras y ampliar progresivamente el acceso a madres, padres, cuidadores y trabajadores independientes.

Es un avance necesario porque empieza a cambiar la pregunta; ya no se trata de cuántas mujeres contrata una empresa, sino del derecho de niños y niñas a recibir cuidados y de cómo distribuimos socialmente esa responsabilidad.

Y aquí existe algo que no podemos perder de vista. La Sala Cuna Universal no debería justificarse únicamente porque aumenta la participación laboral femenina o porque facilita que más mujeres entren al mercado del trabajo. Esos efectos importan, pero no pueden ser el fundamento principal de esta política.

Las mujeres no necesitamos políticas de cuidado para ser más útiles a la economía. Los niños y niñas necesitan cuidados porque tienen derecho a ellos. Y madres y padres necesitan corresponsabilidad porque criar es una responsabilidad social, no una carga individual que debe asumir quien parió.

Precisamente por eso el financiamiento importa tanto como el derecho que queremos crear.

El Senado respaldó la creación del Fondo de Sala Cuna, pero rechazó la fórmula propuesta por el Ejecutivo para financiarlo. La iniciativa contemplaba una cotización de 0,35% de cargo del empleador, compensada mediante una rebaja equivalente en la cotización destinada al Seguro de Cesantía. Esa norma quedó a solo un voto de alcanzar el quórum requerido.

Ahora el proyecto llega a la Cámara y tendremos que resolver un problema que no puede esconderse detrás del amplio acuerdo que existe respecto de la Sala Cuna Universal: un nuevo derecho social no debería financiarse debilitando otro.

Si queremos reconocer socialmente el valor de los cuidados, debemos estar dispuestos también a financiar esa decisión de manera responsable. No podemos decirles a los trabajadores que ampliamos una protección para sus hijos mientras reducimos, al mismo tiempo, los recursos destinados a protegerlos frente al desempleo.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha planteado que espera que Sala Cuna Universal pueda convertirse en ley entre diciembre y enero. Ojalá avancemos con esa urgencia. Pero la velocidad no puede reemplazar una discusión de fondo: quién financia los cuidados y cuánto estamos dispuestos, como sociedad, a asumir colectivamente esa responsabilidad.

Desde el Congreso tendremos ahora la oportunidad de corregir ese diseño y construir una fórmula sostenible que no obligue a enfrentar derechos sociales entre sí.

Ser madre no debería significar elegir entre cuidar y trabajar. Tampoco debería obligarnos a demostrar permanentemente que seguimos siendo capaces, responsables o comprometidas después de tener un hijo.

Chile necesita dejar atrás una cultura laboral que todavía castiga la maternidad y avanzar hacia otra en que cuidar deje de ser una desventaja. Eso requiere leyes, recursos y corresponsabilidad. Pero también exige algo más profundo: entender, de una vez por todas, que criar no es un problema de las mujeres. Es una responsabilidad de toda la sociedad.