Las víctimas de abuso sexual cometidos por sacerdotes de Valparaíso demandaron al Obispado regional por 1.250 millones de pesos.
La acción legal fue interpuesta el 5 de agosto por el abogado Juan Pablo Hermosilla en la Corte de Apelaciones porteña, ya que la principal autoridad eclesiástica goza de fuero. Por esta razón el tribunal de alzada deberá designar a un ministro para que tramite la causa.
De acuerdo al libelo que publica íntegramente La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la diócesis actuó de forma negligente, encubriendo y evitando investigar los hechos denunciados por cinco afectados: Marcelo Soto, Sebastián del Río, Gustavo Donoso, Marcelo Rodríguez y Mauricio Pulgar, quienes fueron internos del Seminario Mayor San Rafael de Lo Vásquez entre 1992 y 2007.
Lea la demanda
Esos últimos denunciaron los hechos a las autoridades eclesiales Mauro Ojeda, Javier Prado y Gonzalo Duarte, pero de acuerdo a la presentación, encubrieron delitos de abuso y violación.
“(…) en Valparaíso existió una red de protección para abusadores y acosadores, la cual obró, durante más de 11 años, en el Seminario San Rafael de lo Vásquez”, se lee en el documento.
Sebastián de Río, que al igual que las otras víctimas levantó la voz para exigir justicia, manifestó a este medio: “Nosotros en reiteradas oportunidades, primero como personas individuales, buscamos ser atendidos en nuestras demandas (…)”
“Hoy día con la asesoría del grupo jurídico que nos representa, encabezado por el abogado Juan Pablo Hermosilla, vemos que el único camino factible, el único camino que de alguna manera, pequeña quizás, nos va a lograr dar paz y tranquilidad frente a los graves vejámenes de los cuales fuimos víctimas, es la demanda civil”, explicó.
El silencio
La demanda detalla que el Obispado de San Felipe, que era encabezado por entonces el obispo Cristián Contreras Molina,” mantuvo paralizada la investigación canónica en contra de sacerdote Humberto Henríquez desde 2012 hasta 2018”.
A raíz de los hechos descubiertos, finalmente los sacerdotes Jaime Da Fonseca y Humberto Henríquez fueron condenados -a fines de 2019- canónicamente por el Papa Francisco, aplicándoles la pena de “dimisión del estado clerical”.
“Ninguna de las condenas canónicas mencionadas se hizo cargo de la responsabilidad que le cabía a las autoridades de la diócesis (…) por los constantes actos de encubrimiento, omisiones de investigación y acciones de amedrentamiento a las víctimas”, agrega la presentación.
Hay que recordar que el 13 de diciembre de 2018 el fiscal Sergio Pérez Nova allanó las dependencias eclesiásticas porteñas. En la oportunidad encontró cajas donde se archivaban todas las denuncias e investigaciones canónicas “que se habían realizado (…) en los últimos 30 años”.
En diligencias relacionadas, el otrora Arzobispo de Santiago presentó un recurso de protección y paralizó la causa, aludiendo que la autoridad había excedido sus atribuciones, pero sus pretensiones no tuvieron éxito en la Corte de Rancagua.
“(…) buscamos es nuestra reivindicación y que nuestro nombre quede limpio, y que la pureza e inocencia que nos quitaron los sacerdotes degenerados encabezados por el obispo Duarte, vuelvan a establecerse. Lo estamos haciendo por nosotros pero también por innumerables víctimas anónimas que aún no se atreven a hablar”. agregó Sebastián del Río.
A renglón seguido enfatizó: “Lo primero que queremos conseguir es que el Obispado (de Valparaíso) nos reconozca como víctimas, que reconozca los hechos (…) y que esto sea el camino para que otras personas que también están iniciando su proceso de denuncia, reciban justicia y reparación. Necesitamos que ya no exista más impunidad”.
Actualmente -y en paralelo- la Fiscalía Centro Norte tramita una indagatoria penal sobre estos mismos hechos, pero la Iglesia se ha negado entregar los documentos que acreditaron los abusos sexuales y se mantienen “ bajo estricta confidencialidad”.
Karadima y una trampa
La iglesia ya fue condenada civilmente en 2019, luego que la justicia estableciera que el sacerdote Fernando Karadima cometió abusos sexuales reiterados en las personas James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz. En la oportunidad debió cancelar 100 millones de pesos a cada uno de los recurrentes,
Aquel fallo estableció: “De haberse actuado con la debida diligencia, esto es, con acuciosidad y la debida celeridad, mediando el debido proceso de las denuncias por este ente eclesiástico, las consecuencias perniciosas de los abusos y del abandono en que quedaron las víctimas hubiesen sido aminoradas y no amplificadas como en la realidad ocurrió y resultó establecido al ponderar las pruebas que obran en este proceso”.
Actualmente el Arzobispado de Santiago enfrenta otra acción civil en su contra por 350 millones, tramitada por una ministra de fuero del tribunal de alzada capitalino. Esto a raíz de la demanda interpuesta por un hombre en situación de calle, quien aseguró haber sido violado por el sacerdote Tito Rivera, en La Catedral de Santiago
Por estos hechos se inició una investigación penal, entonces a cargo de la Fiscalía de Rancagua y Rivera fue formalizado por abuso sexual.
Rivera falleció el pasado 19 de julio.
Sin embargo, en relación a Valparaíso, Sebastián del Río no olvida: “Nos tratamos por dos años de que el obispado nos escuchara. Nos ofrecieron una mesa de trabajo, justicia y reparación, a cambio de que nosotros no interpusiéramos la demanda civil, y finalmente todo eso fue una trampa (…)”.
A través de un comunicado el Obispado porteño señaló que aún no ha sido notificado de la acción legal, pero manifestaron su “completa voluntad a colaborar en ella y aportar todos los datos solicitados para el desarrollo de la investigación en los tribunales”.
