Hace una década, Chile vivió uno de los escándalos más profundos de su democracia reciente: los casos Penta y SQM destaparon un sistema de financiamiento ilegal de la política que involucraba a prácticamente todo el espectro político.
Boletas falsas, estudios inexistentes y triangulación de recursos fueron la fórmula para financiar campañas de senadores, diputados y autoridades de gobierno. Sin embargo, lo que prometía ser una investigación histórica terminó diluyéndose en una cadena de presiones, intervenciones institucionales y lo que el abogado Cristian Vargas define como una “autoamnistía de facto” de la élite política chilena.
Como subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos entre 2014 y 2015, a Vargas le tocó liderar las investigaciones tributarias y la presentación de querellas. Ahora, en su libro Impunidad, publicado por Editorial Aguilar, relata desde adentro cómo el poder político y empresarial bloqueó sistemáticamente esas investigaciones, interviniendo instituciones como el propio SII y la Fiscalía Nacional. Esta es su historia.
—¿Cómo llegó usted a estar en el centro de estas investigaciones que terminaron sacudiendo al país?
La memoria social es frágil, mucha gente quizás no se acuerde, pero hace diez u once años atrás el Servicio de Impuestos Internos fue intervenido y descabezado por el sistema político chileno para intentar frenar las investigaciones por delitos tributarios que afectaban a casi todos los sectores políticos del país. Yo escribí este libro para contar esa historia desde adentro, porque me tocó estar en el centro de, tal vez, una de las investigaciones más importantes de la historia tributaria chilena. Yo presencié cómo desde el Ministerio del Interior se empujaba una estrategia para que delitos que afectaban a gran parte de la clase política de este país no llegaran a ningún lado. No fue una orden escrita, no fue una ley, fue presión. Y como no les resultó, después vino la intervención. Así se construyó una verdadera impunidad para esos sectores de la élite política chilena.
—Estamos hablando del gobierno de Michelle Bachelet, con Jorge Burgos como Ministro del Interior, inicialmente, y luego Mahmud Aleuy. ¿Cómo empezaron a llegar esas presiones?
Era algo insólito. Si fuera cualquier ciudadano de a pie que está siendo fiscalizado y después investigado por delitos tributarios, no ocurre nada de eso. Ahí no hay presiones desde los sectores políticos, desde diputados, senadores, para que el asunto se detenga. Esto empezó de a poco, comenzaron a haber cuestionamientos a las querellas que se preparaban por el Servicio de Impuestos Internos. Que porqué están haciendo esto, qué es lo que están preparando, me gustaría revisarlo, reunámonos porque tengo hartas preguntas que hacer. Eso venía desde fuera del servicio, desde el Ministerio de Hacienda, algo nunca antes visto. La jefa de gabinete del Ministro de Hacienda consultaba que porqué estábamos presentando estas querellas en el caso Penta, que quién decidía presentarlas, qué pasa si no se presentan. Preguntas, preguntas, preguntas. Primero son leves cuestionamientos tácitos, después más directos, más agresivos, y el asunto llega hasta la amenaza personal.
—¿Amenazas directas contra usted?
Sí, desde fuera de la institucionalidad, a través de emisarios: “te estás metiendo en un problema, tienen un dossier tuyo”, me decían. Como en los antiguos tiempos cuando no había democracia en el país. Alguien conocido me pidió reunirse y me dijo derechamente en un café: “Pisaste callos muy fuertes, mi amigo, esto está muy complicado, tienen un dossier tuyo”. Ahora, yo no tengo nada que ocultar. Esa amenaza en definitiva no surtió efecto, porque yo y todo el equipo de la Subdirección Jurídica en ese tiempo estábamos haciendo nuestra tarea. Lo irregular no era lo nuestro, sino de aquellos que pretendían que no se cumpliera con las funciones del servicio.
“El 80% del Parlamento ha sido elegido con financiamiento irregular”
—¿Qué papel jugó Michel Jorratt, el Director del SII en ese momento?
Jorratt, como director de la época, estaba entre dos aguas. Por una parte quería cumplir el rol de Director del Servicio, entre otras presentar querellas por delitos tributarios. Pero por otra parte, también, y es mi visión que presento en el libro, él se debía a otras lealtades políticas o de amistad, y eso al final eso le jugó en contra. En vez de fortalecerlo en su rol de director, terminó debilitándolo. Él había trabajado en la campaña de la Presidenta Bachelet y había hecho estudios para la construcción del programa de gobierno. Tenía boletas reales emitidas a una compañía que dirigía en ese tiempo Giorgio Martelli, se llamaba Asesoría y Negocios, que a su vez recibía dinero de SQM. Si bien Michel Jorratt no tenía un problema directo, sí había una relación y eso generó un problema para el servicio, porque aunque él no estuviera en la misma situación que otros de boletas falsas, de estudios falsos, sí estaba relacionado con ese mismo grupo.
—¿Aquí estuvo involucrada toda la élite política? ¿Hubo un pacto tácito?
Yo diría que sí. Hay miembros de la élite política y también empresarial que se portaron mal. Pero el asunto es mayor, es algo más estructural, tal vez más sistémico. Lo que pasó hace diez años atrás es solo un ejemplo de algo más profundo de la sociedad chilena, que es por dónde transita realmente el poder en el país, el poder que se supone que representa a los ciudadanos en una democracia. Muchas de las cuestiones importantes no se deciden a la luz pública ni de cara a los ciudadanos. Muchos políticos, no diría todos, pero muchos, una vez que son elegidos se transforman en verdaderos agentes de intereses privados. Lo que ocurrió en aquel tiempo fue, a mi juicio, una verdadera autoamnistía de la clase política, casi en su conjunto, para que estos casos de delitos tributarios no fueran investigados y ellos no fueran sancionados.
—¿Qué hubiese pasado en Chile si no hubiese existido esta intervención política para frenar las investigaciones?
Un alto funcionario de La Moneda me dijo: “Usted tiene toda la razón, si quiere usted persiga a todos los que están involucrados, tiene toda la razón jurídica, incluso la razón moral. Pero si eso ocurre, el país colapsa”. ¿Y por qué colapsaría?, le pregunté. Y me dijo: “Porque, mire, el 80% del Parlamento ha sido elegido con financiamiento de esta naturaleza, financiamiento irregular. Entonces el país probablemente no aguanta eso”. Yo le repliqué: “Mire, yo creo que eso es una cuestión política, yo no soy un político, soy un técnico, soy un funcionario del Servicio de Impuestos Internos. Pero si eso es lo que ustedes quieren, yo no lo puedo hacer. Hagan una ley de amnistía por estos delitos, pero sean responsables, rindan cuenta frente a los ciudadanos de esas decisiones”. Él me dijo: “Eso no va a ocurrir”. Y, al final, se construyó una autoamnistía, pero de hecho, no de cara a la ciudadanía.
“La intervención fue en las instituciones que tenían que ver con las investigaciones”
—Usted menciona “la hebra” en uno de los capítulos del libro. ¿A qué se refiere?
La hebra fue el primer caso que conocimos, el hilo que uno tira de la madeja. Fue el caso de una señora que se llama María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, Pablo Wagner. Durante el caso Penta, ella misma dijo: “Sí, pero no solo tengo boletas que me pidió mi cuñado Pablo Wagner para Penta, sino tengo otras boletas”. Y entre ellas apareció una de SQM. Esa es la hebra, porque de ahí empieza a abrirse el caso, que fue muy transversal desde el punto de vista político.
—¿Y cómo se consolidó finalmente esta estrategia de impunidad?
Como Director Jurídico del Servicio Impuestos Internos firmé querellas en el caso SQM y otros que alcanzamos a hacer. Pero, finalmente, después, decisión tras decisión, todo fue diluyéndose. La intervención no fue solamente en el Servicio Impuestos Internos, sino también en la Fiscalía. Recordemos todos los cambios que se hicieron en la Fiscalía. Le quitaron los casos a aquellos fiscales que sí tenían voluntad de investigar. Recordemos al fiscal Gajardo, al fiscal Norambuena, les quitaron los casos y también salieron de la Fiscalía después. La llegada de Jorge Abbott a la Fiscalía Nacional aseguraba ese flanco. Impuestos Internos fue descabezado, yo era parte de la Dirección Nacional, fui desvinculado del servicio, lo mismo el entonces director Jorratt. Y nombraron a gente funcional, digámoslo en forma elegante, funcional a esta verdadera estrategia de impunidad.
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