El mito del populismo penal: ¿El sistema de justicia debe servir a las víctimas o a los victimarios?

El actual debate sobre el aumento de penas en materia penal ha desembocado en que un sector de la academia y clase política, mayoritariamente vinculada a pensamientos de izquierda, ha instalado la idea de que endurecer las sanciones constituye, por sí mismo, una manifestación de “populismo penal”.

Esta afirmación ha sido repetida con tal frecuencia por académicos y actores políticos que ha terminado generando un prejuicio ideológico que limita injustificadamente el debate respecto de una herramienta legítima del Estado para enfrentar la criminalidad.

No podemos aceptar que la sanción penal sea entendida exclusivamente como un mecanismo orientado a rehabilitar al delincuente o a desincentivar futuras conductas delictivas. Si bien la reinserción social constituye un objetivo deseable, no debe transformarse la modelación de la conducta humana como el eje central del sistema penal.

La pena cumple, ante todo, una función esencial dentro del Estado de derecho: responder institucionalmente al daño causado, proteger a las víctimas, reafirmar la vigencia de la norma jurídica y evitar el retorno de formas privadas de justicia, como la autotutela.

En esta materia, uno de los fundamentos esenciales que justifican la existencia del Estado es precisamente la seguridad y la proscripción de la autotutela. Los ciudadanos renunciamos a ejercer justicia por mano propia bajo la premisa de que el Estado reaccionará de manera eficiente, racional y oportuna cuando nuestros derechos sean vulnerados. A cambio de esa renuncia, entregamos al Estado el monopolio legítimo del uso de la fuerza y la facultad de sancionar a quienes quebrantan el pacto social.

Sin embargo, cuando las instituciones no cumplen adecuadamente esa función o cuando las sanciones son percibidas como insuficientes frente a la gravedad de los delitos, comienza a erosionarse la confianza ciudadana. ¿Cuántas personas no han pensado alguna vez en actuar por cuenta propia para proteger a sus familias ante la sensación de abandono o impunidad? Ninguna teoría jurídica puede sostener indefinidamente la legitimidad de un sistema penal si la ciudadanía percibe que este se encuentra más preocupado del bienestar del delincuente que de la protección de las víctimas.

El problema del debate penal contemporáneo es que, con demasiada frecuencia, la pena es analizada únicamente desde su capacidad para rehabilitar al infractor o modificar conductas futuras. Sin desconocer la importancia de la reinserción, dicha visión resulta insuficiente. La sanción penal no existe únicamente para modelar comportamientos humanos; también responde a una exigencia elemental de justicia.

Toda sociedad organizada descansa sobre la convicción de que quien vulnera gravemente los derechos de otro debe responder por el daño causado. La pena constituye una respuesta institucional frente a la infracción del pacto social. Su función no es solamente prevenir o desincentivar futuros delitos, sino también reafirmar la vigencia de la norma jurídica, proteger a las víctimas y otorgar una respuesta proporcional a la gravedad de la conducta cometida.

Cuando el sistema penal concentra toda su atención en las necesidades del infractor, corre el riesgo de relegar a un segundo plano a quienes sufrieron directamente las consecuencias del delito. La justicia exige reconocer la dignidad de las víctimas y procurar, en la medida de lo posible, su reparación. Después de todo, dar a cada uno lo suyo en materia penal, implica sancionar a quien quebrantó la ley y resguardar los derechos de quien padeció sus efectos.

Es cierto que diversos estudios sostienen que el aumento de penas no siempre reduce la comisión de delitos, especialmente cuando no existe certeza en la persecución penal. Sin embargo, reducir el análisis exclusivamente a la eficacia disuasiva del castigo implica ignorar una dimensión fundamental de la sanción penal. Es decir, el valor que como sociedad asignamos a los bienes jurídicos protegidos y el grado de reproche que atribuimos a su vulneración.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿a quién debe servir prioritariamente el sistema de justicia, a las víctimas o a los victimarios?

Mucho podría discutirse respecto de la naturaleza última del castigo o acerca de si toda sanción contiene elementos de reproche socialmente aceptados. Sin embargo, el punto central de esta discusión es otro. El endurecimiento penal no debe descartarse automáticamente como irracional o demagógico. Se trata de una herramienta legítima cuando se fundamenta en criterios de razonabilidad y en la protección de bienes jurídicos esenciales, como la vida, la integridad física, la familia, la libertad o la propiedad.

Negar entonces, de plano esa posibilidad implica desconocer la dimensión simbólica, normativa y protectora que el derecho penal cumple dentro de una sociedad democrática. Más aún, supone ignorar que la confianza de los ciudadanos en las instituciones depende, en buena medida, de que estas sean capaces de responder adecuadamente frente al delito.

Nuestro país vive una etapa marcada por una creciente criminalidad de nuevo orden, con una belicosidad, agresividad y falta de empatía que se funde con una percepción cada vez más extendida de impunidad. En ese contexto, insistir exclusivamente en paradigmas centrados en la rehabilitación del infractor o en la mera prevención futura de delitos, relegando a un segundo plano la justicia debida a las víctimas, expone al sistema Judicial a una pérdida progresiva de legitimidad.

Por ello, sostener que todo aumento de penas constituye populismo penal representa una simplificación excesiva. La verdadera discusión no consiste en determinar si endurecer sanciones es políticamente correcto o incorrecto. La verdadera discusión consiste en establecer cuándo, cómo y para qué deben endurecerse, resguardando siempre el Estado de derecho, protegiendo a las víctimas y fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Porque cuando la justicia deja de parecer justa para quienes cumplen la ley, el riesgo no es únicamente el aumento de la delincuencia, sino más bien, el riesgo es que las personas comiencen a perder la fe en las instituciones acercándonos a un eventual retorno de medidas de autotutela.

Jaime Beltrán Besnier
Asesor Legislativo y Político