La decisión del Gobierno del presidente José Antonio Kast de reactivar el cobro de las cuotas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE), dio un inusitado protagonismo al poderío de la Tesorería General de la República (TGR), organismo encargado de recaudar diversas obligaciones fiscales y que, en este caso, puede “perseguir” el pago de deudas asociadas al financiamiento educacional.
En medio de las disputas judiciales por los embargos a los deudores -y con resoluciones que han sido contrapuestas-, desde el Ejecutivo subrayaron a BioBioChile que el centro de todo son las personas que deben dinero, el cual “deben” pagar; y que desde hace casi una década que no se tomaban medidas por esta situación.
Si bien para muchos contribuyentes la TGR suele estar vinculada al pago de impuestos y contribuciones, sus facultades abarcan un espectro bastante más amplio.
A través de distintos mecanismos de cobranza, la institución puede intervenir en el cobro de obligaciones impagas que mantienen personas y empresas con el Estado, incluyendo multas, créditos y otros compromisos establecidos por ley.
El renovado protagonismo de la entidad a raíz del CAE también abrió interrogantes sobre las consecuencias de mantener deudas pendientes y el rol de la Tesorería en las cobranzas.
Desde retenciones de devoluciones de impuestos hasta procesos judiciales de cobranza, existen diversas situaciones en las que la TGR puede hacerse presente en las finanzas de los contribuyentes.
El CAE
La TGR se instaló en el centro del debate económico tras el inicio de la gestión para recuperar recursos asociados al CAE, por deudas que superaban los $4 billones y más de 550 mil personas en situación de mora.
Sobre aquel antecedente, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz sostuvo que la cartera impaga por ese concepto era de $500 mil millones en 2018. “La morosidad ha aumentado 8 veces”, sentenció; enfatizando que desde 2017 el Estado no realizaba alguna acción de cobranza.
“Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar US$500 millones, pasando la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile”, reforzó la autoridad.
El proceso marcó un cambio relevante, ya que puso a la TGR en una posición más visible frente a miles de contribuyentes que, hasta ese entonces, no habían tenido contacto directo ni con la entidad ni con sus mecanismos de cobranza.
En ese caso, el rol de la Tesorería se activó por la calidad de aval del Estado ante los bancos por los créditos impagos.
Una vez desembolsados esos recursos fiscales, la entidad asume la recuperación de los montos adeudados mediante convenios de pago, retenciones y, en determinados casos, acciones judiciales.
La reciente reactivación de estas gestiones generó amplio interés público debido a la posibilidad de aplicar medidas de cobranza sobre cuentas bancarias y otros activos financieros de los deudores.
La controversia también abrió una discusión más amplia sobre el alcance de las facultades de la TGR y sobre las distintas obligaciones que puede perseguir más allá del CAE.
Aunque para muchos ciudadanos la institución está asociada principalmente al pago de impuestos, su ámbito de acción incluye una serie de acreencias fiscales que pueden derivar en procesos de cobro administrativo o judicial, transformándola en uno de los organismos con mayor capacidad de recuperación de deudas dentro del aparato estatal.
Cobranzas tributarias, multas y créditos fiscales
Tesorería remarcó que está facultada por Ley para cobrar deudas tributarias, fiscales y territoriales (contribuciones) y multas que aplican distintas entidades del Estado, en atención a su rol de fiscalización.
Dijo que con ese fin, de manera permanente, realiza gestiones de cobranza administrativa y judicial de impuestos, patentes, multas y créditos de carácter fiscal, incluyendo sus reajustes, intereses y sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263 sobre Administración Financiera del Estado.
Se trata de recursos que constituyen “una fuente esencial para el financiamiento del gasto público, permitiendo el adecuado retorno de fondos a las arcas fiscales y contribuyendo directamente a la implementación de políticas sociales y la provisión de servicios para la ciudadanía”, apuntó.
TGR administra, asimismo, la cobranza de sanciones aplicadas por diversos organismos del Estado, entre ellos la Dirección del Trabajo (DT), el Instituto de Salud Pública (ISP), la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
De igual forma, se incluyen multas provenientes de entidades fiscalizadoras como la Contraloría General de la República (CGR), Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), además de organismos vinculados a recursos naturales y medioambiente como Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
A lo anterior se suma la nueva facultad que asume TGR, a partir de este mes, para la cobranza prejudicial a los empleadores que mantienen deudas correspondientes a cotizaciones previsionales de sus trabajadores (Ley 21.735 de Reforma Previsional).
La gestión de cobranza
Desde la TGR explicaron que su proceso de cobro “se activa cuando otras instituciones públicas le derivan las multas o créditos fiscales pendientes”.
Para llegar a esta etapa, primero debe haber una fiscalización previa y una notificación al deudor o deudora.
Además, el cobro se inicia cuando se agotan todos los plazos para que el deudor o deudora pueda reclamar, presentar pruebas, pedir una rebaja o exención de pago.
En resumen, cobra deudas fiscales que ya están castigadas, “garantizando un proceso transparente y apegado a la normativa”, dijo.
Finalmente, la entidad indicó que su gestión de cobranza se basa en tres principios: “la promoción de la regularización voluntaria mediante procesos previos y graduales; la igualdad de trato ante la normativa para todos los contribuyentes; y la aplicación del embargo como medida de último recurso, cuando el contribuyente ha sido notificado y no ha regularizado su situación ni suscrito un convenio de pago”.
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