Amedrentando con armas institucionales, rompiendo sistemas de cámaras, implantando drogas y armas, y robando hasta el dinero de los bolsillos y carteras de los detenidos. Así operaba una banda criminal integrada por seis carabineros de la Tenencia Talca Oriente, liderada nada menos que por el jefe del recinto policial.
Según la Fiscalía, en al menos 10 hechos distintos ocurridos entre septiembre de 2025 y abril de 2026, los ex funcionarios de Carabineros habrían utilizado su calidad de policías para cometer cerca de 200 delitos y apropiarse de varios millones de pesos pertenecientes a dueños de verdulerías, minimarkets, familias, adultos mayores e incluso escolares.
Pero no solo habrían sustraído dinero y otras especies. Para encubrir sus acciones, también habrían confeccionado partes policiales con información falsa que dieron origen a causas penales contra las propias víctimas. Algunas de ellas terminaron formalizadas, con arresto domiciliario e incluso en prisión preventiva por delitos que, según la acusación, fueron fabricados por los policías.
Esos son parte de los antecedentes que el Juzgado de Garantía de Talca consideró para formalizar y decretar la prisión preventiva del teniente Víctor Sebastián Oñate Pinto; el suboficial mayor Cristián Antonio Miranda Retamal; el sargento segundo Rodrigo Esteban Arriagada Sánchez; y los cabos primero Sergio Andrés Alarcón Rodríguez, Leonardo Andrés Sáez Quiñones y Jorge Enrique Bascuñán Meneses, quienes además fueron dados de baja de la institución. A los imputados se les acusa de los delitos de robo con intimidación, robo en lugar habitado, asociación criminal y falsificación de instrumento público.
De acuerdo con la acusación, los imputados integraban una organización criminal estructurada, jerarquizada y permanente en el tiempo, utilizando las herramientas que el Estado les entregó para proteger a la ciudadanía como medios para cometer delitos.
El detalle de las acusaciones, a continuación.
Modus operandi de los carabineros de Talca
En la mayoría de los casos, la forma de operar fue similar: los carabineros ingresaban a un local o detenían a una persona utilizando una excusa —como la venta de cigarros de contrabando—; rompían los cables de las cámaras de vigilancia; detenían a la persona; revisaban sus bolsillos, cartera y el resto del local; y se llevaban el dinero. Posteriormente, trasladaban a la persona a la tenencia y confeccionaban un parte policial de detención, en el que daban cuenta de supuestos hechos de flagrancia que justificaban los allanamientos y donde se plantaba droga, armas u otros elementos para sustentar las acusaciones. En algunos casos incluso ingresaron ilegalmente a los domicilios de las víctimas para robar.
La Fiscalía sustentó la formalización en un amplio conjunto de antecedentes documentales, audiovisuales y testimoniales, entre ellos partes policiales presuntamente falsificados, declaraciones de víctimas y testigos, y grabaciones de cámaras de seguridad que contradicen directamente las versiones contenidas en los procedimientos policiales. A ello se sumaron interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, las que habrían permitido conocer conversaciones entre los imputados y reforzar la hipótesis de una estructura organizada para cometer delitos utilizando recursos institucionales.
“Agradezca que no le llevamos el refri”
Así ocurrió, por ejemplo, el 26 de diciembre de 2025, cuando durante la mañana cinco de los imputados apagaron las cámaras del vehículo policial en el que se trasladaban y detuvieron a un joven de 19 años que conducía un automóvil con encargo por robo.
De acuerdo con el relato, posteriormente lo habrían llevado hasta la Tenencia Talca Oriente y le habrían exigido que entregara la clave de su celular y su dirección, bajo la amenaza de que, si no lo hacía, lo meterían preso, le irían a “reventar la casa” y mandarían a un sujeto a agredirlo.
Así, luego de permanecer detenido alrededor de una hora y media, los policías, junto al joven, se habrían dirigido a su domicilio, ingresando a la fuerza y sorprendiendo a la dueña de casa, su hijo, su nuera y a dos niños menores de seis años, exhibiendo armas de fuego desenfundadas y portando gas pimienta.
Luego de revisar la vivienda, habrían sustraído $1.530.000 en efectivo, correspondientes a un presupuesto de pintura, un finiquito, un seguro de cesantía e incluso a los ahorros de los hijos de la dueña de casa.
“Al momento de retirarse con el botín, y ante las súplicas de la madre para que no se llevaran los ahorros de sus hijos, el teniente Víctor Oñate Pinto la amenazó señalándole textualmente: ‘agradezca que no le llevamos el refri y que no trajimos los perros’”, se lee en el escrito.
Sin embargo, en el parte policial se contaba otra historia. Allí se señala que el joven fue detenido horas después de lo que realmente ocurrió y que habría arrojado las llaves del vehículo al interior de la vivienda, construyendo así una situación de flagrancia para justificar el allanamiento. En el documento también se indica que en la casa se encontraron 12 bolsas de marihuana, una pesa digital gramera, tres cartuchos balísticos, dos armas de aire comprimido y que solo se habrían incautado $8.000.
A raíz de ese relato, el joven fue formalizado por receptación de vehículo, microtráfico, porte ilegal de armas de fogueo y porte ilegal de municiones, quedando sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Pero la prueba para todo ello, de acuerdo con la Fiscalía, se sustentó en antecedentes falsos y fabricados por los imputados.
A prisión preventiva
Otro hecho habría ocurrido el 9 de diciembre de 2025, y sus consecuencias para la víctima habrían sido gravísimas, ya que quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva, la que aún se mantenía vigente al momento de la formalización de los carabineros.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, a mediodía cuatro de los imputados se habrían acercado a una pastelería donde una pareja se encontraba tomando desayuno. A la fuerza, los esposaron, les exigieron las llaves del furgón que mantenían estacionado afuera, revisaron la cartera de la mujer y sustrajeron $1.500.000 en efectivo. La excusa: que presuntamente en el lugar se realizaba contrabando de cigarrillos.
Luego de eso, por orden del teniente Oñate, funcionarias policiales llevaron a la detenida hasta una bodega que ella y su cónyuge mantenían, incautando diversas cajas de cigarrillos de contrabando. Posteriormente, ya en la tenencia, la mujer permanecía esposada a una silla y solicitó realizar una llamada para que alguien pudiera ir a buscar a su hijo al colegio.
“El funcionario de Carabineros, abusando de su cargo y de su posición de autoridad, la coacciona señalándole: ‘entrega tu casa y te dejo hacer una llamada’. Ante esta amenaza y con el temor de que nadie pudiera ir a buscar a su hijo menor de edad al colegio, la víctima (…) le entrega al funcionario policial su dirección y la hacen firmar, bajo amenaza, una autorización voluntaria de entrada y registro a su domicilio”, se lee en la acusación.
Posteriormente, en el parte policial se relata una versión distinta. Allí se sostiene que los carabineros realizaron un seguimiento de la víctima hacia su furgón y que, al acercarse, alguien habría gritado: “La policía está aquí, cierren y guarden todo”, configurando nuevamente una situación de flagrancia. La víctima entonces habría huido hacia su bodega, arrojando en su interior una bolsa con un arma de fuego con el número de serie borrado y cartuchos. Paralelamente, en el furgón se habrían encontrado tres bolsas con marihuana, tres envoltorios de aluminio con marihuana, un envoltorio de papel con cocaína y un total de $116.000 en efectivo.
De acuerdo con la acusación, tales elementos habrían sido plantados por los imputados, al igual que una declaración firmada por la mujer en la que supuestamente señalaba que su marido vendía cigarros de contrabando y marihuana, documento que la víctima niega haber firmado.
Producto de lo informado por los carabineros, ambos fueron formalizados por contrabando de cigarrillos. Al marido, además, se le imputaron los delitos de tenencia de arma prohibida y tráfico de drogas, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.
“¿Quién le devuelve al imputado todo el oprobio y sufrimiento de la cárcel?”, se lee en la acusación.
En abril de este año, los funcionarios habrían vuelto a detener a la madre mientras conducía un furgón y viajaba junto a su hijo de 12 años.
Con sus uniformes y armas de servicio, habrían procedido a fiscalizarla y obligado a descender del vehículo. Posteriormente, el teniente Oñate habría tomado el control del furgón con el menor de edad aún en su interior y lo habría conducido personalmente hasta la tenencia, sustrayendo también $2.200.000 desde la cartera de la víctima. Durante todo este procedimiento, las cámaras del vehículo policial se encontraban apagadas.
Luego, en el parte policial, se señaló que la mujer conducía de manera errática y que por las ventanillas se observaba carga ilícita de cigarrillos de contrabando. El procedimiento reportó únicamente la incautación de 620 cajetillas de cigarrillos, omitiendo la existencia del dinero en efectivo.
Ya en libertad, y tras ser víctima por segunda vez de la sustracción de su dinero, la mujer denunció formalmente el actuar de los imputados ante la Tercera Comisaría de Carabineros de Talca.
El robo de la pensión de vejez
En otro de los casos expuestos por la Fiscalía, la víctima fue un adulto mayor de 80 años, dueño de un local comercial ubicado en su mismo domicilio.
El hombre habría sido interceptado en la vía pública mientras los imputados se trasladaban en un furgón institucional. Luego, le habrían exigido ingresar al local, manifestándole falsamente que contaban con una autorización para fiscalizarlo por una supuesta venta de cigarrillos de contrabando, exhibiendo para ello sus armas de servicio.
Posteriormente, se habrían apropiado de las cajetillas de cigarros y robado $617.819 en efectivo, de los cuales aproximadamente $250.000 correspondían al pago de su pensión y el resto a la recaudación del local. Incluso, $77.000 habrían sido extraídos de su propio bolsillo.
Al igual que en los otros casos, tras la detención se habría confeccionado un parte por el delito de contrabando de cigarrillos, informándose la incautación de solo $18.000.
Actualmente, los excarabineros se encuentran en prisión preventiva por hechos que fueron calificados por los tribunales como de extrema gravedad. El Juzgado de Garantía de Talca fijó un plazo de investigación de cinco meses.
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