La pregunta que Chile debe responder: ¿Y si hubiese sido tu hijo?

La muerte de un niño de apenas 12 años ha estremecido a Chile. No se trata de un delito más. No se trata de una cifra que se suma a una estadística. Se trata de una tragedia que golpea la conciencia nacional y que obliga a preguntarnos si estamos haciendo todo lo necesario para proteger la vida de nuestros niños.

La madrugada de ese día, este niño viajaba junto a su familia cuando fueron víctimas de una brutal encerrona en San Bernardo, en la Región Metropolitana. En medio del asalto, el menor quedó atrapado en el vehículo que los delincuentes acababan de sustraer. Los criminales, autores de una violencia inhumana, continuaron su huida y el niño terminó siendo arrastrado durante varios kilómetros, falleciendo posteriormente producto de las gravísimas lesiones sufridas.

Es difícil encontrar palabras para describir el horror de un hecho como este. Lo que conmociona a Chile no es solamente la muerte de un niño inocente. Lo que conmociona es el nivel de brutalidad que revela este crimen. Cuesta comprender cómo alguien puede continuar adelante ignorando el sufrimiento de un menor de edad. Cuesta comprender cómo la vida humana puede perder tanto valor para quienes han optado por el camino de la criminalidad.

Cuando ocurren hechos de esta naturaleza, ya no estamos hablando únicamente de delincuencia. Estamos hablando de una crisis más profunda. Estamos hablando de la pérdida de límites básicos de convivencia, de respeto y de humanidad. Estamos hablando de una violencia que parece no reconocer fronteras morales y que termina golpeando precisamente a quienes más deberíamos proteger.

Frente a esta tragedia, Chile tiene la obligación de cuestionarse duramente.

Por ejemplo, los criminales que participan en este tipo de delitos, especialmente cuando son adolescentes, tienen plena conciencia de las consecuencias que enfrentan. Y si la respuesta es afirmativa, entonces debemos atrevernos a formular una segunda pregunta: ¿las sanciones actuales están siendo suficientemente severas para inhibir este tipo de conductas?

Algunos sostendrán que muchos de estos jóvenes provienen de contextos de vulnerabilidad, abandono o exclusión social. Esa realidad existe y merece atención. Pero también es legítimo preguntarse si el sistema está entregando señales suficientemente claras respecto de las consecuencias de cometer delitos de extrema gravedad.

Por eso resulta razonable abrir una discusión seria sobre nuestra legislación penal. No desde la rabia. No desde el deseo de venganza. Sino desde la responsabilidad que tiene el Estado de proteger a sus ciudadanos y, especialmente, a sus niños.

Si una persona participa en un crimen que termina con la vida de un menor, la sociedad tiene derecho a preguntarse si las sanciones contempladas por la ley son proporcionales al daño causado. Y también tiene derecho a debatir si los mecanismos actuales de responsabilidad penal adolescente responden adecuadamente a delitos de extrema violencia.

No se trata de abandonar la reinserción como principio. Pero tampoco podemos renunciar a la obligación de proteger a la sociedad y de establecer consecuencias claras para quienes cruzan ciertos límites que ninguna comunidad civilizada puede aceptar.

Quizás ha llegado el momento de revisar si nuestro marco legal entrega herramientas suficientes para enfrentar este tipo de delitos y si las penas asociadas a quienes asesinan niños reflejan efectivamente la gravedad de esos actos.

Pero la discusión no puede limitarse únicamente al Congreso.

Chile necesita una señal clara, visible y permanente de que la persecución del crimen es una prioridad nacional. Así como existen campañas públicas para prevenir accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar o consumo de drogas, también debiera existir una campaña nacional dirigida a quienes hoy son captados por organizaciones criminales o consideran incorporarse a ellas.

Una campaña presente en redes sociales, medios de comunicación, establecimientos educacionales y espacios públicos. Una campaña que comunique con absoluta claridad que el crimen tiene consecuencias reales, severas y concretas, ejemplo: “Contra quienes destruyen la vida de nuestros niños: ni impunidad, ni olvido, ni descanso”.

Una campaña que transmita que el Estado de Chile no se detendrá en la búsqueda de quienes cometen delitos violentos; que utilizará todas las herramientas legales disponibles para encontrarlos, detenerlos, juzgarlos y sancionarlos; y que quienes decidan destruir vidas inocentes enfrentarán todo el rigor que permite el Estado de Derecho. La prevención también consiste en dejar claro cuáles son las consecuencias de determinadas decisiones. Sin embargo, la responsabilidad no recae exclusivamente en las autoridades.

Las familias siguen siendo la primera escuela de valores, límites y responsabilidad personal. Sabemos que muchos adolescentes involucrados en delitos viven situaciones familiares complejas o incluso carecen de una estructura familiar estable. Pero allí donde existan padres, madres, abuelos o tutores, también existe la responsabilidad de transmitir con claridad que el delito destruye vidas, que la violencia tiene consecuencias y que ninguna ganancia rápida justifica el sufrimiento que se causa a otros.

Porque detrás de cada crimen hay víctimas reales. Hay familias destruidas. Hay padres que jamás volverán a ser los mismos.

Y aquí surge una pregunta que debemos hacer: Pregúntele usted a un padre o a una madre que acaba de perder a un hijo víctima de un crimen brutal qué entiende por justicia. Escuche atentamente su respuesta, reflexione sobre ella y luego pregúntese si nuestro sistema está entregando a las víctimas, a sus familias y a la sociedad la protección y la justicia que esperan de un Estado democrático.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que estos debates aparezcan únicamente después de una tragedia que conmueve al país. No podemos seguir reaccionando cada vez que ocurre un hecho de extrema violencia para luego volver a la normalidad como si nada hubiera pasado.

Finalmente les pregunto: ¿Tendremos el coraje de hacer los cambios necesarios para impedir que otra familia chilena vuelva a vivir un dolor semejante?