Los dos proyectos de ley más emblemáticos de la pandemia cruzarán sus destinos este jueves en la Cámara de Diputados y lo que está en duda es si correrán la misma suerte.
Se trata de la vetada iniciativa de ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la propagación del covid-19 y de la que permite el retiro voluntario y excepcional del 10% de los ahorros previsionales, que, otra vez, está amenazada con un veto presidencial.
Los dos dolores de cabeza más molestos del Gobierno en los últimos cuatro meses, que pelean por hacerse realidad.
El Gobierno firmó el veto de “Servicios Básicos” hace casi un mes, en parte de su articulado y hace pocos días el Ejecutivo recibió el primer “tiro de gracia” a su intento, al ser rechazado por la Comisión de Economía de la Cámara Baja. Así, deberá ser revisado este jueves en la Cámara y lo más probable es que los diputados le bajen el pulgar al freno de La Moneda.
En cuanto al segundo, vinculado a las AFP, de alto interés y con una coalición oficialista dividida y en crisis, la iniciativa este miércoles espera una casi segura aprobación en el Senado, con lo que el jueves deberá pasar a su tercer trámite final a la Cámara de Diputados.
Tras ello, debería quedar ad portas de convertirse en ley, si no es por la anunciada intención de llevarla al Tribunal Constitucional o de la cuestionada opción de que se pueda presentar otro veto presidencial, el segundo en poco más de un mes.
Pero, no es lo único que une a ambas iniciativas. También lo es que surgen de mociones parlamentarias.
Una de las autoras del proyecto de “Servicio Básicos”, la diputada DC Joanna Pérez, aseguró que el Ejecutivo solo “defiende el abuso”.
“Creo que ambos proyectos son muy necesarios, son proyectos que tienen un ribete ciudadano y las familias piden que los saquemos adelante. En el caso de los servicios básicos, es un veto, por lo tanto, el Congreso ya lo había despachado. El trasfondo aquí es defender el modelos económico y el Gobierno ha estado empecinado en ello. Por eso, va ser el rechazo y el fracaso de la defensa del Gobierno a la gran empresa, en vez de preocuparse por las personas y cómo la están pasando en materia económica y social”, dijo la diputada DC.
“Se dipara a los pies”
Bajo su análisis y sumado al proyecto de retiro de fondos previsionales, ¿considera que el Gobierno se está asestando un segundo golpe duro frente a la ciudadanía?
-El Gobierno prefiere dispararse a los pies, en vez de ponerse tras las familias, insiste en su intención de defender lo indefendible que es el abuso. Insiste en el veto, para que las empresas puedan segur cobrando en demasía. Lo encuentro lamentable, una vez más el Gobierno va a seguir perdiendo el control político porque no ha sido capaz colocarse detrás de las personas, que claramente lo están pasando muy mal. El Gobierno piensa que va a lograr una mediana normalidad, por otro lado, tenemos a las familias imposibilitadas de acceder a mejoras económicas, por eso estos proyectos son importantes. Lamentablemente, en materia económica las personas se van a quedar atrás.
¿Cómo definiría lo que se va a vivir este jueves en el Congreso con los proyectos más emblemáticos, al parecer, de la pandemia?
-Es decepcionante cómo el Gobierno ha enfrentado esto y tenemos la oportunidad histórica de reconectarnos con la gente. El proyecto de ley anticortes lo han pedido los alcaldes y parlamentarios del oficialismo, porque conocen las carencias de las familias, y no entienden este veto absurdo. Por otro lado, el proyecto del 10% que hoy es casi una realidad y espero que Gobierno no insista en poner un veto porque va a ver el enojo y la rabia de los chilenos. Eso sería tremendo. Todo ha sido un error, en estos cuatro meses, porque no ha querido entender y ponerse del lado del más débil y de manera oportuna. No es lo mismo llegar al cuarto mes, tardíamente, que haber escuchado oportunamente.
En la iniciativa de retiro de fondos previsionales y en el proyecto de servicios básicos hubo apoyo transversal de todos los sectores, ¿qué le parece que hoy Chile Vamos esté sumido en una crisis por diferencias con el Gobierno respecto de cómo levantar la alicaída situación económica familiar?
-No lo hicimos con la intención de dividir o generar una crisis en Chile Vamos, sino que con la convicción de que había que avanzar en garantizar servicios y la continuidad de los mismos en la pandemia. Por eso, ambos proyectos están apoyados transversalmente en el Congreso y en la ciudadanía. Creo que el Gobierno está en un descontrol total de su sector. No entendió, los ministros no entendieron y siguen obstaculizando hasta hoy.
En cuanto al proyecto de servicios básicos, entonces, ¿se va a rechazar el veto del Gobierno?
-Va a ser rechazado, sin embargo eso no basta, vamos a promover la insistencia, que significa mantener la ley tal cual la despachó la Cámara y el Senado y donde además, mucho de este proyecto de ley, fue trabajado por los propios ministros del actual Gobierno. Lo lamento, especialmente por el candado que le habíamos puesto para que no se generen cobros excesivos o abusivos, o sea, ningún cobro adicional y eso el Gobierno quiere eliminar de esta ley. Ese es el trasfondo del veto.
A “romper” el veto
En relación al futuro del proyecto, en caso de que se rechace el veto también en el Senado, la diputada Pérez señaló que al “insistir” con mantener el proyecto como está deben lograr un consenso de un 2/3 del mismo Congreso y con eso también obligarían al Presidente Piñera a promulgar la ley.
“La idea es que el día en que las familias vayan a prorratear no vayan a tener gastos asociados, lo único debe ser el consumo, porque el Gobierno quieren compensar los menores flujos que han recibido estos últimos meses”, destacó la diputada Pérez.
“Se puede inventar cosas para cobrar de más, como gastos de cualquier cosa y con cualquier nombre”, añadió la diputada del distrito 21, que representa a Arauco y Los Ángeles.
“En pandemia la gente no tiene para pagar los gastos básicos, como luz, agua o telefonía. Por eso, presenté este proyecto el 18 de marzo, porque veíamos lo que pasaba en el mundo. Por lo menos, eso sí, logramos que el Gobierno llegara a un acuerdo con las empresas para que suspendiera el cobro de los servicios, pero, luego, viene lo que queremos evitar, que son los cobros abusivos”, exclamó fuerte la parlamentaria.
