El contralor Jorge Bermúdez ordenó el despido del jefe de la División de Análisis Contable y de dos funcionarios de dicha unidad, quienes habían denunciado irregularidades en la fiscalización y cálculo de los déficits en los municipios. Apenas el viernes los tres habían presentado un “requerimiento de integridad”, pues según su parecer, Bermúdez no mostró interés en corregir los errores.
Patricio Barra, quien encabezaba la División de Análisis Contable desde 2011, fue desvinculado de su cargo, según comunicó este lunes la Contraloría. Pero eso no es todo: fuentes de Radio Bío Bío informaron que además fueron despedidos los subjefes Pablo Soto e Ignacio Tapia.
El 28 de febrero pasado, en una reunión encabezada por el contralor Bermúdez, los tres altos funcionarios de la institución expusieron que los déficits establecidos en varios municipios del país podían resultar distintos según la fórmula aplicada por la Contraloría.
De acuerdo a lo que argumentaron en aquella oportunidad Barra, Soto y Tapia, en algunos casos los cálculos no estaban apegados a la Ley Orgánica de Municipalidades.
Los presuntos errores en las auditorías se conocieron luego que el ente contralor le atribuyó a la Municipalidad de Viña del Mar un déficit de más de 17 mil 500 millones de pesos. Ese monto –en conjunto con otras irregularidades como el pago de horas extras que eran imposibles de realizar– tienen a la alcaldesa Virginia Reginato sometida a un juicio de destitución en el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso.
Al conocerse públicamente la reunión en la que los funcionarios informaron al contralor de las diferencias en los cálculos, el organismo manifestó que las modalidades de cálculos se debían “adaptar a la realidad de cada caso”.
“En el caso de Viña, ¿por qué no se consideró el saldo inicial de caja, que era de 5 mil 200 millones de pesos? Porque esa plata estaba destinada por parte del Ministerio de Cultura a poder terminar con las reparaciones del Teatro Municipal y con la reparación del Palacio Vergara. No era de libre disponibilidad, y por eso el auditor, correctamente, no lo consideró como saldo inicial de caja”, explicó Bermúdez sobre uno de los puntos más cuestionados.
Según el contralor, tampoco había existido un error al no sumar los 8 mil millones en ingresos devenegados que el municipio consideraba que iba a recibir, pues históricamente por ese concepto la casa consistorial sólo había obtenido 500 millones.
El despido de los tres profesionales podría haber vulnerado la norma, contemplada en el artículo 90 B del estatuto interno, que protege a quienes denuncian eventuales actos de corrupción.
Sin embargo, fuentes internas de la Contraloría indicaron que los exonerados no son objeto de un sumario administrativo que habría impedido sus despidos.
Además, en el comunicado se destacó que en el caso del jefe de división es un cargo de exclusiva confianza y en permanente evaluación. “En consecuencia, el contralor general ejerció la facultad de pedir la renuncia del Sr. Barra por pérdida de confianza”, se lee en él.
En conversación con Radio Bío Bío este lunes, Barra comentó que aún debe ser notificado de la resolución del contralor que declara la vacancia del jefe de unidad, por lo que ayer se mantenía en el cargo.
El ingeniero civil industrial adelantó que pretende recurrir a la justicia ordinaria e insistió que su despido es una represalia por revelar los errores en los cálculos de déficits en los municipios que cometió la Contraloría.
“Quiero negar en forma categórica que esto se trate de una pérdida de confianza. Esto es lisa y llanamente una represalia por no encubrir las irregularidades en las auditorías de déficit municipal detectadas por mi equipo, que desde hace ya varios meses le hemos representado a la autoridad máxima de esta organización”, indicó.
Según reveló, el viernes, junto a los otros dos funcionarios despedidos, interpuso un “requerimiento de integridad” ante el Comité de Integridad del organismo para denunciar las presuntas irregularidades en el cálculo de los déficits municipales.
“Tanto el contralor como el jefe de la División de Auditoría (Eduardo Díaz) sí reconocían internamente la necesidad de unificar la fórmula de déficit y habían comprometido justamente resolver la situación anómala con un lineamiento de auditoría, acción que tras semanas y meses a la fecha no se tiene conocimiento de que se haya materializado en esos términos”, se lee en el punto tres del libelo.
“Por lo anterior, en estas últimas semanas me llegué a formar la convicción de que no había de su parte interés alguno en corregir esta situación y que por el contrario el interés era, por decirlo de algún modo, “bajarle el perfil”. Un destacado académico llamó acertadamente en la prensa a esto un intento por “fondear” la situación anómala”, se agrega más tarde.
En el requerimiento, se hizo el ejercicio respecto a que si la fiscalización a la Municipalidad de Viña del Mar hubiese sido con los criterios que utiliza la Contraloría Regional de Aysén habría resultado con un déficit de sólo 400 millones. Es más, si los equipos de la Contraloría Regional Metropolitana la hubiesen auditado, el resultado según ellos habría sido un superávit de 5 mil millones de pesos.
