El lunes, con la entrega del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la pugna por la demanda marítima boliviana llegó a su fin, al menos desde el punto de vista judicial e internacional.
Pero Evo Morales anunció ayer, y reiteró la mañana de este martes, que su país no cesará en lograr volver a contar con una salida al Océano Pacífico, la que perdió tras el fin de la Guerra del Pacífico en 1883, fronteras que fueron ratificadas con el Tratado de 1904.
El proceso comenzó oficialmente el 24 de abril de 2013 y culminó el 1 de octubre de 2018, es decir, el fallo que determinó que nuestro país no tiene ninguna obligación a negociar de buena fe una salida al mar tardó casi cinco años y medio en ver la luz.
Todo juicio acarrea costos, independiente de su escala y tamaño, y ésta no fue la excepción.
Por ejemplo, según información de Radio Bío Bío, la demanda marítima que nuestro país perdió contra Perú en 2014 ante el mismo tribunal, proceso que partió en 2008, bordeó los 11 mil millones de pesos. ¿Quién los financió? El Estado de Chile.
Cada nación que llega a la CIJ debe costear los juicios en los que participa, de acuerdo a los estatutos del mismo ente.
Para este diferendo, en tanto, y según consignó Diario Financiero, considerando los gastos comprendidos entre 2013 y 2018, el Fisco debió desembolsar un total 16 mil 120 millones de pesos.
Fue por ello que la Ley de Presupuesto de los últimos años consideró un ítem relacionado con la demanda boliviana.
La cifra anterior se desprende de los cálculos realizados por el equipo jurídico que asesoró al Ministerio de Relaciones Exteriores en la demanda, con respecto a los sueldos, viajes y asesorías realizados.
